La tardanza del Supremo en adoptar una decisión definitiva sobre el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) no hizo mella en las asociaciones de consumidores aragonesas, que seguían confiando ayer en que la decisión que se adopte, previsiblemente hoy, será favorable a los intereses de la ciudadanía. De hecho, tanto Manuel Pardos, presidente de Aicar-Adicae, como José Ángel Oliván, de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), coincidían en que en un asunto tan «complicado», la tardanza en decidirse se puede considerar normal.

«Es lógico en un tema tan complejo, que la banca ha complicado más sus presiones al Gobierno, al Supremo y a los ciudadanos», exponía, contundente, Manuel Pardos. «Supongo que una vez que los magistrados hayan reposado, solo podrán decir una cosa, lo que han mantenido en tres sentencias a favor del consumidor, porque otra cosa sería un escándalo mundial que denigraría a la Justicia».

El presidente de Adicae no concibe además que la retroactividad no sea total («ya se las han apañado para pagar la mitad por las cláusulas suelo»), porque «en estos cuatro años, con medio millón de desahucios, ¿en realidad quién ha pagado las hipotecas? Investigaremos, no vaya a ser que se acabe devolviendo dinero a fondos buitre e inmobiliarias», apuntaba. Y en caso contrario, irán en Europa.

Esto era precisamente lo que se temía su homólogo en la UCA, José Ángel Oliván, que el asunto no quede resuelto porque, sea quien sea el perjudicado (o el que se considere como tal), lo eleve a los tribunales europeos.

Por el momento, Oliván tenía ayer por la noche un pálpito fundado respecto al resultado de la deliberación: «Algo barruntará el Gobierno central si ya se ha abierto a ofrecer ayuda a las comunidades autónomas para pagar».