Aparte de la exigencia de mejorar la financiación autonómica al Estado, el programa electoral autonómico recoge diversas ideas de reforma en la fiscalidad autonómica. Entre ellas, la promesa de «no elevar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las rentas medias y bajas», y para las altas recogen una «revisión» que tenga en cuenta «no solo la tarifa sino las deducciones que puedan tener consecuencias regresivas», mejorando aquellas relacionadas con tener hijos, «sobre todo en el ámbito rural», y por el cuidado de dependientes.

La reforma fiscal socialista también apuesta, en el impuesto de Patrimonio, por el establecimiento a nivel nacional de «un mínimo común de tributación en todo el país, que evite la competencia fiscal a la baja entre comunidades autónomas». Inciden en la necesidad de evitar la evasión fiscal a través de sociedades instrumentales.

Otra línea socialista es mantener y recuperar los impuestos medioambientales, y establecer un impuesto estatal sobre los depósitos bancarios, con deducciones autonómicas si el crédito se destina a las familias.