La crisis hizo añicos el diálogo social en Aragón. La elevada conflictividad laboral, las estrecheces económicas de la patronal y los sindicatos y una hucha pública vacía por la dictadura del déficit --que todavía hoy persiste-- abrió una brecha entre la administración autonómica y los agentes sociales que parecía difícil de cicatrizar. Pero ayer, la DGA, CEOE, Cepyme, UGT y CCOO escenificaron la resurrección del diálogo social durante la presentación de la Estrategia para la Promoción Económica e Industrial de Aragón 2017-2019, un documento que sirve de base para impulsar el nuevo modelo de desarrollo económico de la comunidad desde la perspectiva de la sostenibilidad, el equilibrio territorial, la eficiencia y el empleo estable y un modelo que garantice mayor cohesión social.
El de ayer es el tercer acuerdo que firman estas cinco entidades en los últimos dos años --en septiembre del 2016 se selló un plan para mejorar el empleo en la comunidad y en abril de este año acordó la nueva Estrategia para la Seguridad y Salud en el Trabajo--, lo que certifica que el diálogo social parece haber recobrado el pulso. Así al menos lo aseguraron ayer patronal, sindicatos y DGA en un acto en el que la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, subrayó que el consenso con los agentes sociales es un «factor clave para la estabilidad y el desarrollo de Aragón».
Tanto es así, que el Ejecutivo de Lambán trabaja en la redacción de un proyecto de ley de Participación Institucional que permitirá regular por ley el diálogo social, de forma que los sucesivos gobiernos tengan la obligación de acordar y consensuar medidas con la patronal y los sindicatos. «Queremos que esta forma de trabajar perdure en el tiempo porque la pluralidad de visiones garantiza adoptar las mejores medidas», declaró Gastón.
Esta nueva etapa en el diálogo social se caracteriza por abandonar los grandes acuerdos para centrarse en cuestiones concretas, pero también por un mayor seguimiento de los acuerdos y de su ejecución presupuestaria, apuntó ayer el secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey, que considera que este cambio «da credibilidad al diálogo social en Aragón». Su homólogo en CCOO, Manuel Pina, en su primera aparición oficial tras ser elegido en el cargo, consideró que el salto cualitativo estriba en que «se nos deja participar para mejorar las medidas» o proponer otras, al tiempo que incidió en que el diálogo social tiene una «visión estratégica».
Desde la patronal, las expectativas también son halagüeñas. «Tenemos un nivel de diálogo positivo y ahora se ejecutan los acuerdos, con más o menos medios, pero con voluntad», dijo el presidente de Cepyme, Aurelio López de Hita. Para CEOE Aragón, el consenso entre agentes sociales y Gobierno es «imprescindible» para el desarrollo económico de Aragón», enfatizó su presidente, Fernando Callizo.
MEDIDAS Y PRESUPUESTO / La Estategia de Promoción Industrial y Económica cierra el círculo de pactos, pero abre un periodo en el que tendrá que certificarse el cumplimiento de los mismos.
El plan operativo nace con una dotación presupuestaria de 514 millones para los próximos tres años (174,7 millones para 2017) para acometer diversas actuaciones, algunas transversales, por parte de los departamentos de Economía, Industria y Empleo, Innovación y Universidad y Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
El objetivo principal será la promoción de proyectos empresariales «que permanezcan en el tiempo, generen o mantengan empleo y estén preparados para superar futuras crisis económicas», indicó Gastón. No obstante, incluye una batería de medidas que inciden en el apoyo a la transición digital en los procesos productivos con la extensión de la industria 4.0 y la innovación; el apoyo a la logística para la atracción y competitividad de las industrias y como herramienta de la internacionalización; y el apoyo a la industria agroalimentaria en el marco de un desarrollo sostenible.
Pero la estrategia también incluye medidas para simplificar la burocracia administrativa, luchar contra la economía sumergida, incluir cláusulas sociales en la contratación pública y crear un entorno favorable para las pymes. La necesidad de que las empresas aragonesas ganen tamaño para competir y poder conquistar mercados exteriores, impulsar la formación dual y diversificar la economía en el territorio son otras de las actuaciones que destacan en el documento pactado, que será «flexible, abierto y que tendrá seguimiento de su ejecución», dijo Gastón .
La diversificación aglutina la mayor parte del presupuesto (333 millones). Le siguen el fomento de la economía circular (55 millones), respeto al medio ambiente (48 millones), mejora de infraestructuras ( 29 millones) y fomento de la internacionalización, con 16,6 millones.
