El departamento de Inspección de la Vivienda del Gobierno de Aragón está actuando de oficio e investigando actuaciones "sospechosas" relacionadas con el cobro de dinero para reservas de Vivienda de Protección Oficial (VPO) en Valdespartera. En concreto, ha requerido documentación y fiscalizado a varias de estas empresas, que solicitan hasta 1.500 euros para formar parte de una cooperativa o comunidad de bienes que ni siquiera cuenta con suelo, pero que ofrecen hasta el diseño de los planos de los pisos.

La DGA recuerda que los solares de Valdespartera están sin adjudicar, y que el método será por concurso, por lo que ninguna de estas entidades cuenta todavía con terrenos. Vivienda asegura no obstante que en paralelo a estas prácticas existen gestoras de plenas garantías en la constitución de cooperativas o comunidades de bienes.

El presidente de la Asociación de Empresas Gestoras de Cooperativas, Antonio Olmeda, mostró ayer su alarma ante "las altas cantidades de dinero que se están pidiendo", incluso antes de constituirse la cooperativa o comunidad de bienes y sin obtener un aval a cambio. "Por lo general, inscribirse en una base de datos puede ser gratis o costar de 30 a 60 euros. A partir de ahí, y en caso de que se cree la cooperativa, la aportación social a la misma es de otros 60 euros. Pero los casos que nos ocupan estamos hablando desde los 500 a los 1.500 euros", aseguró.

PREOCUPACION El director general de Vivienda, Julio Tejedor, mostró ayer su preocupación por la posible aparición de "prácticas abusivas". Y añadió que el departamento estudiará la posible existencia de infracciones ante una publicidad engañosa y equívoca.

"Gracias a la nueva ley de VPO, tenemos mecanismos de supervisión para controlar a estas empresas o entidades. Nuestros inspectores trabajan de manera similar al de uno de Hacienda. Y ya les hemos requerido todo tipo de información, desde la económica hasta los criterios que van a seguir para adjudicar las VPO y los nombres y datos de quienes hayan pagado por este tipo de reservas", añadió. Por ello, este responsable pidió a los implicados calma, ya que la DGA va a controlar todos los pasos de estas empresas.

"En el momento en que estas entidades me remitan el listado de cooperativistas o comuneros les enviaré una carta informativa a cada uno para explicarles los pasos a seguir y sus derechos y obligaciones", continuó.

Los inspectores desplazados hasta estas gestoras han comprobado la deficiente información que se les facilita a los adjudicatarios, ya que ni siquiera conocen los mecanismos de constitución de una cooperativa o comunidad de bienes, ni las posibles ayudas. "Es especialmente indignante este tipo de prácticas cuando se produce una situación de necesidad, como es el de la vivienda", lamentó Tejedor.