El Gobierno de Aragón al fin aprobó la Ley de Subvenciones, que acumula casi un año de retraso. El texto será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria. El objetivo es que entre en vigor esta misma legislatura, aunque los plazos están tan ajustados que bien podría quedarse en el limbo. Los beneficiarios de dinero público deberán estar al corriente de sus obligaciones. Las entidades locales tendrán la obligación de ser fiscalizadas por la Cámara de Cuentas. De no ser así, no recibirán ni un euro. En todo caso, ninguna cantidad que conceda el Ejecutivo superará el 80% del coste del proyecto para el que vaya destinada.

La Ley de Subvenciones anunciada por el primer consejero de Hacienda, Mario Garcés, confeccionada por su sucesor, José Luis Saz, y aprobada por el último titular del departamento más inestable del Ejecutivo, Javier Campoy, llega en el último tramo de la legislatura. No se somete a participación, así que saldrá adelante con las aportaciones de los grupos parlamentarios. Los retrasos, debido a los vaivenes que ha vivido Hacienda, estos tres años, ha terminado por lastrar una norma que figura en el ADN del ideario de los populares. Tanto que la presidenta, Luisa Fernanda Rudi, lo anunció en su discurso de investidura.

El Ejecutivo explicó, a través de un nota de prensa, que la finalidad de esta norma es "garantizar una distribución más eficaz y transparente de los recursos públicos". Se potencian, señalaron, los "criterios de transparencia, seguridad jurídica, eficacia y eficiencia en la utilización de los fondos" de la Administración. La norma refuerza "los controles en la convocatoria y concesión de subvenciones".

CONTROL DEL PROCESO La consejería de Hacienda controlará todo el proceso de concesión de las ayudas públicas. Pone un cerco especial a as subvenciones directas, que tendrán que estar especialmente motivadas. Se deberán especificar "detalladamente" los motivos que llevan a dar el dinero fuera del procedimiento ordinario: el de la concurrencia competitiva. Serán obligatorias una memoria justificativa y otra económica. Tanto las subvenciones directas como las nominativas tendrán la obligación de remitir justificaciones semestrales, que el departamento de Hacienda remitirá a las Cortes.

El servicio de Intervención del Gobierno de Aragón adquiere un papel relevante en la gestión de las subvenciones. Se encargará, por ejemplo, de verificar el cumplimiento de los expedientes de reintegro derivados del control financiero. Las entidades que reciban más de 90.000 tendrán que justificar la correcta ejecución de los proyectos y además si ingresan 200.000 euros de dinero público, un representante de intervención vigilará que se cumplen los objetivos que motivaron la concesión de las ayudas.

Si las subvenciones son plurianuales se hará una comprobación "parcial" por parte de Intervención cuando el importante de un año supere el 40% de los pagos realizados sobre el total de la cantidad concedida.

Cada departamento tendrá como obligación confeccionar un plan estratégico, en el que se trazarán las líneas de subvención para los cuatro años de la legislatura. Será una forma, señaló el Ejecutivo en su nota de prensa, de prever los gastos y la "viabilidad financiera".