Las entidades sociales y vecinales de Zaragoza dieron ayer el primer paso en esas movilizaciones que la semana pasada se plantearon realizar en el caso de que persista la prórroga presupuestaria actual y los partidos políticos sigan sin negociar la aprobación de un presupuesto para la ciudad antes de las próximas elecciones. Un total de 13 agrupaciones de asociaciones y colectivos que se dedican a prestar servicios que el consistorio no puede ofrecer con medios propios se dirigieron ayer a todos los grupos municipales para pedirles que despejen la «amenaza» que pesa sobre ellos, sobre su futuro en el corto plazo y sobre una labor de la que cada año se benefician «unos 100.000 zaragozanos».

De eso trataba el manifiesto que, uno a uno, todos los partidos con representación en el salón de plenos fueron recibiendo de sus manos. Lo firmaban federaciones y agrupaciones como la FABZ y la Unión Vecinal Césaraugusta, la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión; Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi); Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe); la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado; la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS); la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPAR); la Federaciión Aragonesa de Economía Social (Cepes Aragón); la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS); la Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción (AREI); la Federación de Asociaciones de Educación de Adultos (FAEA); y otros colectivos de comerciantes y ecologistas de Zaragoza.

En el escrito, que harán público en el pleno de mañana, recuerdan que su labor en la ciudad es «imprescindible» y se puede considerar de «primera necesidad» pero que sin las subvenciones y convenios que la sustentan, afectará a «decenas de miles de personas», entre ellos beneficiarios de un trabajo que «va desde la atención de necesidades básicas hasta el empleo, pasando por la inclusión y la inserción laboral». Y que durante los últimos siete años se han venido concediendo pero ahora, al estar congelado ese gasto por la prórroga, «pondría en peligro gravemente dicha intervención inabarcable desde los servicios públicos» propios.

Son sus motivos para lo que realmente iban a solicitarles a los cinco grupos municipales: «Reclamamos que se configure un bloque político de carácter social que garantice la continuidad de esta importante labor», exponía su manifiesto. A la vez que les pedía que «actúen de manera responsable con la ciudadanía» y en especial con la población más vulnerable. «Aun siendo conscientes de que en los próximos meses se celebrarán comicios municipales, ni comprendemos ni compartimos que el acuerdo en este asunto (el presupuesto) no haya sido posible», manifestaron a través de ese escrito.

En su tercer apartado, las entidades reclaman que se les garantice una «mínima y aceptable estabilidad frente a una situación política de gran incertidumbre en la que, como siempre, las personas más vulnerables acabarían siendo las más afectadas y en peligro, además de socavar gran parte del tejido social que les proporciona atención directa». Y añaden, en el siguiente apartado, que no comprenden cómo se utiliza su labor «como arma arrojadiza en campaña electoral».

Y concluyen afirmando que no solo creen que se puede aprobar sino que, además, pide a los partidos que se exija al Gobierno de ZeC la ejecución de todas esas partidas «en los tres primeros meses del año», con los convenios y subvenciones firmadas.