La auditoría interna de Caja Inmaculada elaboró a finales del 2005 un informe crítico con el funcionamiento de CAI Inmuebles, el hólding inmobiliario al que se sitúa en el ojo de huracán de la crisis de la entidad. El documento ya advertía de los riesgos de esta sociedad matriz, que "iba por libre" y estaba fuera del control de la caja, pero fue bloqueado en el 2006 por el entonces director general, Tomás García Montes. Así lo declaró ayer José Manuel Ibáñez Moral, autor del escrito y responsable de ese departamento entre el 2001 y el 2007, durante su intervención en la comisión de investigación abierta por las Cortes de Aragón para dilucidar el hundimiento de esta institución financiera.

Este fue uno de los ocho miembros que formaron parte de comisiones técnicas de CAI (de control, de riesgos y de la auditoría interna) que ayer rindieron cuentas en sede parlamentaria. La mayoría coincidió en reconocer que, por diferentes vicisitudes, estos órganos no pudieron cumplir de forma eficiente con las funciones que se deducen de sus nombres. La falta de información, el déficit de independencia, el exceso de control de la dirección general o la limitación de competencias fueron algunas de los argumentos que adujeron.

Como en las dos anteriores sesiones de la comisión de investigación, las máximas responsabilidades recayeron sobre los exdirectores generales Luis Calvera (2001-2005) y García Montes (2005-2009). Y sobre este último, volvieron a lanzarse las críticas más gruesas y mordaces, bajo reproches de "exceso de poder", afán desmedido por el negocio inmobiliario y, en algunos casos, malas artes. Ni siquiera los exresponsables del control y la auditoría que estuvieron a su cargo le defendieron. Más bien al contrario. Según declararon, su relación con él era "tensa", "distante" y plagada de "rifirrafes".

De todos los comparecientes, Ibáñez fue el que habló más alto y claro. Incluso, dio a conocer operaciones y episodios que hasta ahora no habían trascendido, como el mencionado informe sobre CAI Inmuebles que, según sus explicaciones, era una primera voz de alarma del desmán inmobiliario. "(García Montes) Intentó dirigirme de manera bochornosa y mi negativa fue lo que me hizo salir (de CAI)", aseguró el exdirectivo, que fue cesado en el 2007 como represalia --dijo-- a su oposición al director general. "Estuve enfrente de él continuamente", apuntó, y eso "me costó el puesto".

"UNOS PELELES" Ibáñez acusó a García Montes de ponerle todo tipo de cortapisas a su labor de inspección, hasta el punto de que le "corregía" y "sancionaba" los informes que realizaba. En conclusión, lamentó la falta de autonomía y poder de los auditores: "Éramos unos peleles".

Aunque reconoció ser "un poco responsable" de la crisis de la entidad --"todos lo somos"--, atribuyó la mayor carga a García Montes. Le recriminó su "escasa visión de futuro" por no frenar el desmán inmobiliario al hacerse con las riendas de la caja en el 2005, cuando ya se conocía que la "caldera" del ladrillo "hervía mucho". "En lugar de enfriarla, echó más leña al fuego y acabó reventando", resumió.

Además de "fallos de gestión", le achacó "un exceso de soberbia y avaricia", fundamentada en "la falta de autoridad moral que tenía en la caja". "Fue un arribista", sentenció.

OPACIDAD Tres de los miembros de la comisión de control de la caja --el presidente entre el 2004 y el 2008, José Luis Casao; el vicepresidente entre el 2010 y el 2013, Guillermo García Mercadal; y el vocal entre el 2006 y el 2013 Francisco Javier Basols-- también cargaron las tintas contra García Montes y dejaron patente que su relación con él no era cordial ni fluida. Las críticas a su carácter autoritario fueron recurrentes: "era difícil llevarle la contraria", dijo uno de ellos.

La opacidad con que operaba CAI Inmuebles fue otro de los problemas más mencionados. En concreto, Miguel Pradel, responsable de auditoría interna entre 2007 y 2011, aseguró que intentó analizar el riesgo inmobiliario y los créditos dudosos, pero García Montes lo evitó al negarle las competencias.