En el penúltimo Consejo de Ministros antes de que las elecciones frenen los viernes sociales, el Gobierno aprobó ayer, además de la oferta de empleo público más alta desde el 2008, las directrices generales de la Estrategia Nacional Frente al Reto Demográfico, que incorpora el «impacto demográfico» en la nuevas leyes y programas de inversión y garantiza, al menos sobre el papel, una plena conectividad territorial, es decir, una cobertura de internet de banda ancha y telefonía móvil en todo el territorio, y una «apropiada» prestación de servicios básicos en «condiciones de equidad».
La grave despoblación de la España rural es un asunto importante de cara a las elecciones del 28 de abril, ya que 99 escaños se reparten en las provincias menos pobladas y el último asiento, en unos comicios tan reñidos, se puede decidir por un puñado de votos.
No en vano, Pablo Casado pidió a Vox, durante su visita a Zaragoza, que no se presente en aquellos territorios donde quizá no alcance representación y si pueda robar votos muy necesarios para el PP. Habitantes de Teruel, Soria, Badajoz o Cuenca se darán cita precisamente mañana en Madrid, con el reto de reunir una marea humana de 100.000 personas que ponga la España despoblada en el centro de la política. Sus convocantes, eso sí, han avisado a los partidos que «no caben en la manifestación», o cuanto menos pidieron que no exhiban banderas ni símbolos de partidos y sindicatos y acudan «como ciudadanos». Lo cual no ha impedido que prácticamente todas las formaciones hayan ido anunciando su presencia estos días.
La necesidad de aprobar una estrategia para favorecer a la España menos urbana fue uno de los acuerdos de la Conferencia de Presidentes de enero del 2017, que pidió centrarse en tres cuestiones demográficas: la despoblación, el envejecimiento y los efectos de la población flotante.
El Ejecutivo ha seguido este mandato con la aprobación de unas directrices que se remitirán a las autonomías para su aprobación en la próxima cita de presidentes.
Las directrices incorporan siete objetivos: garantizar una plena conectividad territorial; asegurar una apropiada prestación de servicios básicos a toda la población; incorporar el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, planes y programas de inversión; avanzar en la simplificación normativa y administrativa para los pequeños municipios; eliminar estereotipos y poner en valor la imagen y reputación de los territorios más afectados; mejorar los mecanismos para una mayor colaboración público-privada y alinear los propósitos con la Agenda 2030.
«El objetivo es conseguir una igualdad real y efectiva entre todos los ciudadanos y ciudadanas y que exista libertad de elegir donde se quiere vivir», señaló la ministra Maritxell Batet en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
NATALIDAD Y MASCULINIZACIÓN
Antes de exponer los objetivos del plan, Batet argumentó que España, donde la esperanza de vida es de 83,4 años, es un país cada vez con más gente mayor. También insistió en la baja natalidad (1,3 hijos por mujer, una cifra alejada de la media de la Unión Europea), la masculinización (en el 75% de los municipios españoles hay más hombres que mujeres) y en el hecho de que seis Comunidades Autónomas acaparen las pernoctaciones hoteleras (entre ellas, Canarias, Cataluña, Comunitat Valenciana y Madrid).
La ministra destacó que la estrategia pretende ofrecer igualdad «real y efectiva» para que los ciudadanos puedan elegir dónde quieren vivir y no haya discriminación entre el mundo rural y el urbano.
