El Consejo de Ministros aprobó ayer a petición del ministro de Defensa, José Bono, el relevo de la cúpula militar del Ejército fruto de los errores registrados en las identificaciones de las víctimas del accidente del Yak-42, que el 26 de mayo del 2003 costó la vida a 62 militares españoles. Como ya avanzó ayer este periódico, Bono propuso al Gobierno la sustitución del jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Antonio Moreno Barberá, y los jefes de los estados mayores de los Ejércitos de Tierra y Aire, tenientes generales Luis Alejandre Sintes y Eduardo González-Gallarza.

Bono atendió de ese modo la exigencia que le plantearon esta semana los familiares de los fallecidos de "cesar fulminantemente" a los mandos militares responsables del "calvario" que han sufrido. Sin embargo, aunque tenía previsto renovar la cúpula militar tras el verano, ayer declaró que no hay "una relación directa" entre el accidente y el relevo.

EL RESULTADO DE LOS TEST Fuentes de Defensa y de la Asociación de Familiares del Yak-42 aseguraron que el ministro conocía desde hace quince días los test de ADN realizados por 39 familiares en el Instituto de Toxicología de Estambul. Sabía, por tanto, que 22 de ellos no coincidían con los restos mortales que les habían entregado. Este diario ya avanzó el pasado 8 de junio que los test arrojaban numerosos errores. Estos, sin embargo, aún podrían ser más numerosos, ya que 23 afectados no reclamaron la prueba de ADN, aunque una decena de ellos la han solicitado ahora.

Después de reunir a primera hora de ayer al Consejo Superior de los Ejércitos, Bono llevó a la reunión del Consejo de Ministros el nombramiento del teniente general Félix Sanz Roldán como nuevo Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD); José Antonio García González como nuevo Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, y Francisco José García de la Vega nuevo Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire.

Aunque Bono dijo que había convocado el Consejo Superior de los Ejércitos antes de conocer los informes del juzgado de Macka (Turquía) con los errores de identificación de 22 víctimas, los propios familiares de los fallecidos le habían pedido el cese de los mandos militares. Hay que tener en cuenta que el JEMAD, Moreno Barberá, "asumió la conducción de la operación y la gestión de los apoyos necesarios", según un documento del Ministerio de Defensa, y fue el encargado de la "información reservada" tras el accidente. El jefe del Ejército de Tierra era responsable último de las unidades en Afganistán y el del Aire, el responsable de haber proporcionado el transporte. Otros países rechazaron los aviones Yakovlev, como el siniestrado.

UNA HERIDA ABIERTA Ayer, el ministro evitó pronunciarse sobre la responsabilidad de los generales José Antonio Beltrán y Vicente Navarro, que firmaron las actas de identificación de los cadáveres. "Cumpliremos y haremos cumplir la ley sin deseo de hacer daño a nadie ni de tapar responsabilidades", dijo Bono.

El ministro manifestó su "consternación", porque "los errores en la identificación incrementan el dolor de las familias". Bono y la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, se opusieron ayer a la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre el Yak-42. "La pedimos en la oposición, pero ahora estamos en el Gobierno y debemos actuar como Gobierno", se justificó De la Vega.

"Nuestro objetivo es buscar la verdad y ofrecer cercanía y cariño a los familiares", dijo Bono, quien añadió: "No nos vamos a encoger de hombros ni a lavarnos las manos como Pilatos, sino que vamos a abrir las puertas del ministerio para ventilar las responsabilidades y se sepa la verdad".

También señaló que ha encargado un informe interno de todo lo ocurrido tras el accidente del Yak-42 para informar al Parlamento y reiteró que su departamento prestará ayuda a cuantas acciones judiciales y de otro tipo decidan emprender los familiares de las víctimas.