El vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, se refirió ayer, de nuevo, a las deudas que mantienen el resto de Administraciones públicas con el Ayuntamiento de Zaragoza y que deja un agujero en la caja de "más de 56 millones de euros", siendo el Gobierno aragonés, dijo, el principal moroso, con una factura global pendiente de abonar de "entre 34 y 35 millones", entre impuestos y pagos conveniados, como los 9,5 millones que debía haber pagado en el 2013 por el tranvía.

Son los impagos que también han estado muy en boca en los últimos días con el informe provisional de la Cámara de Cuentas de Aragón, por su inclusión o no en las cifras finales, un aspecto en el que siguen discrepando. Para el órgano fiscalizador, deberían haber aparecido en el balance. Para Gimeno, según establece el Ministerio de Hacienda, no se debe sumar esa cuantía.

El caso es que, aunque sea para justificar el varapalo dado por ese polémico informe, lo cierto es que los datos ponen de manifiesto lo que se adeudan entre ellas y, sobre todo, como se desatienden algunos pagos que para el resto de ciudadanos son de obligado cumplimiento bajo amenaza de embargo. Como las deudas tributarias, que en el caso de la DGA ascienden a 21,7 millones de euros --sin contar los intereses que habrían generado en el caso de cualquier contribuyente--, y sumando todas las instituciones deudoras subiría a 32,9 millones de euros. Referida a convenios, el total de las administraciones adeudan 23,7 millones, y la DGA 15,7, incluyendo los 9,5 por el tranvía.

Pero el vicealcalde hizo especial hincapié en la compensación de deudas que el Gobierno de Aragón le prometió hacer ya en abril, por valor de 18 millones de euros y que ya en mayo sigue sin llegar. Porque el consistorio también adeuda dinero, concretamente esos 18 millones que pretende compensar.

Por ejemplo por la liquidación de las obras del balcón de San Lázaro, que le urge zanjar para reclamarle los casi 8 millones de euros a quien realmente la financiaba, que era el Ministerio de Medio Ambiente. Por eso instó al consejero de Hacienda de la DGA, Javier Campoy, a que "hable menos y compense de una vez las deudas con el ayuntamiento". Aunque no descarta usar las herramientas legales a su alcance para reclamar, al menos, la deuda tributaria.