Los efectos de la crisis sobre el tejido empresarial aragonés continúan arreciando. Los dos juzgados de lo Mercantil de la provincia de Zaragoza recibieron el año pasado 328 concursos de acreedores --la antigua suspensión de pagos--, una cifra que pulveriza los tétricos registros de los años anteriores y que señala al año 2012 como el más duro desde el inicio de la crisis.
Desde el primer año de declive econónico, el 2008, los cuatro juzgados de lo Mercantil de la comunidad habían tramitado 853 concursos con un resultado estremecedor: más de un 90% de liquidaciones directas por no lograr las sociedades morosas un acuerdo de pago de las deudas con los acreedores y un 5% largo de fracasos en el cumplimiento de los convenios para saldarlas.
Los registros se dispararon el año pasado. Los concursos pasaron en Zaragoza de 214 a 328, cifra a la que hay que sumar los 41 presentados en Huesca y Teruel de enero a septiembre.
El constante incremento de los concursos ha generado un círculo vicioso de nocivas repercusiones para las familias --pérdida de empleo y deudas salariales--, las arcas públicas --cotizaciones y tributos que se quedan sin pagar, además de un aumento del gasto-- y la actividad económica en general: el impago de los débitos provoca una cadena de insolvencia que se extiende como una mancha de aceite y contamina a empresas sanas, afectadas igualmente por la obvia reducción del consumo.
También ha revelado la insuficiente dotación de oficinas judiciales para tramitar este tipo de asuntos. Los antiguos módulos de saturación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señalaban que un juzgado Mercantil estaba capacitado para ocuparse de 350 asuntos y 22 concursos en un año. En Zaragoza hay causas para más de tres jueces y procedimientos de insolvencia para casi quince.
La estadística de esta jurisdicción incluye otros datos llamativos. Entre otros, que los procedimientos ordinarios de reclamación de cantidad entre empresas se dispararon en Zaragoza desde los 138 del 2011 a los 180 del pasado año, lo que revela un incremento del 65% en doce meses.
Los monitorios, reclamaciones que no dan lugar a un procedimiento si el moroso acepta saldar el débito al recibir la primera notificación, ascendieron a 337, lo que supone que un juzgado estaría al borde de la saturación solo con estos pleitos.
