Hace ya demasiado tiempo que esta crónica anual del presente que se nos viene encima convierte al periodista en una suerte de pájaro de mal agüero. No es tarea placentera levantar acta de una época pertinazmente desdichada, pero más valen siempre dos páginas agrias que una línea mezquina o deshonrosa. Antes de emprender la prospectiva social de este 2014, echemos una breve ojeada al pasado más reciente. Enseguida volveremos a situarnos en el presente.
Millones de hectáreas y otros bienes de la Iglesia y una superficie aún mayor de fincas comunales de los ayuntamientos se expropiaron y subastaron al mejor postor en la España del siglo XIX. Con aquellas desamortizaciones, las más célebres de las cuales fueron las firmadas por los ministros Mendizábal (1836) y Madoz (1855), los gobiernos liberales de la época perseguían sobre el papel dos objetivos: hacerse con una fuente extraordinaria de recursos para amortizar la descomunal deuda pública española y superar las estructuras del Antiguo Régimen alumbrando una pequeña burguesía agraria de campesinos propietarios.
El primero de estos propósitos reportó a la hacienda pública más de 12.500 millones de reales procedentes de las subastas, amén del incremento de la recaudación fiscal derivado del aumento de la producción agrícola.
Pero el segundo naufragó en un escandaloso fraude. Las subastas fueron amañadas de modo que los lotes licitados quedaran fuera del alcance de los labradores y los pequeños propietarios. Las tierras fueron acaparadas por unos pocos y poderosos hacendados que multiplicaron sus latifundios, la clase media agraria murió antes de nacer y los labradores perdieron incluso el recurso de subsistencia que tenían en las fincas comunales.
Ya estamos de vuelta. Si las desamortizaciones eclesiásticas y municipales marcaron el siglo XIX con un trazo modernizador, siquiera en las intenciones del legislador, en esta segunda década del XXI una nueva desamortización, esta vez de nítido signo involucionista, está cayendo a peso sobre las conquistas sociales y democráticas de la ciudadanía.
El 2014 asistirá, si nada lo remedia, a la consolidación de la desamortización de derechos sociales (afianzamiento de los recortes en la sanidad y la educación públicas, en el sistema de bienestar social y en el marco laboral y salarial) impulsada por el PP. El Gobierno de Rajoy prevé culminar este año una nueva desamortización de libertades emblemáticas, como la de las mujeres para decidir sobre el aborto y la de los ciudadanos en general para manifestarse frente a la acción de los poderes públicos.
A la cola de Europa
Primero, el dinero: los recortes han dejado tiritando el sistema de bienestar social, al tiempo que el país ha recobrado la conciencia de estar en la zaga económica de Europa. Y ahora, las libertades: el proyecto de contrarreforma del aborto de Gallardón y el de seguridad ciudadana harán rodar a España desde la cabeza hasta la cola de las legislaciones sociales europeas.
En todo caso, el próximo año puede vientos de cambio en el panorama eclesiástico, sin llegar a una desamortización. Francisco quiere acabar con la imagen de una Iglesia española siempre enojada, politizada, obsesionada con la moral sexual y que lo condena casi todo. Conocedor de la situación en España, el Papa ya ha mantenido numerosos contactos con eclesiásticos españoles para perfilar la sucesión de Rouco Varela tanto en su archidiócesis como al frente de los obispos. Los rumores en la Conferencia Episcopal se han disparado y el principio del fin de la era Rouco ha multiplicado las quinielas. Serán cruciales las reuniones que Francisco, partidario declarado de un episcopado más descentralizado y ágil, tendrá en las próximas semana con obispos "pastores" y encarnados en la realidad social. Seguramente aprovechará la ocasión para dar instrucciones y decirles qué Iglesia quiere en España.
