Gaspar Llamazares anunció ayer en Valencia que su formación defiende la elaboración de un código ético del cargo público que, entre otras medidas, les obligue por ley a llevar a sus hijos a la escuela y la sanidad públicas. En este código, además, se fijarían las obligaciones y responsabilidades de los cargos públicos y su régimen de incompatibilidades.

El candidato de IU hizo este anuncio tras asegurar que los populares "van a por los servicios públicos, a arruinar y deteriorar la universidad, la enseñanza, la sanidad y otros en los tramos que les resulten rentables". En el 2000, el PP consiguió nueve diputados en Valencia; el PSOE, seis, y Esquerra Unida del País Valenci (EUPV), uno.

La exigencia de un código ético no fue la única propuesta de Llamazares en el Palacio de la Música de Valencia, también disparó contra la corrupción del PP. Le acompañaron la coordinadora de EUPV, Gloria Marcos; la candidata al Congreso Isaura Navarro, y Rosa Aguilar.

"¡Ya está bien de la prepotencia y la crispación de la derechona!", clamó la alcaldesa de Córdoba antes de proponer un "pacto de Estado" contra la violencia sexista y de deplorar el estilo "crispado, manipulador y criminalizador del adversario" que, consideró, practica el PP. Aguilar tildó de "personaje turbio" al ministro Eduardo Zaplana. "Gasta más dinero público en propaganda que en subir las pensiones", afirmó.

Llamazares bromeó sobre el sentido de la piscina que sale en los carteles de Mariano Rajoy --"que no sabemos si significa que no se moja", señaló-- y cambió la proposición del lema del PP: "No van a más, sino que van a por más".

GESCARTERA A partir de ahí largó una ristra de casos de corrupción, desde Gescartera al caso Fabra que, advirtió, demuestran que la afirmación de Aznar de que "el PP es incompatible con la corrupción es una completa falsedad".

Llamazares consideró corrupción la privatización de las empresas públicas en favor de los "amigos del PP", el beneficio de las reformas fiscales para el 10% de la población, la liberalización del suelo y la especulación de la vivienda. IU también quiere una agencia pública de la transparencia y un fiscal anticorrupción independiente.