Zaragoza necesita agua de calidad del Pirineo, procedente del pantano de Yesa recrecido a la cota media. Este es el primer mensaje de la campaña de IU-Los Verdes en la capital aragonesa, que se acompañó de una petición a todas las instituciones para que apoyen la mejora del abastecimiento.
El candidato al Senado por la coalición, Jesús Lacasa, señaló además que IU es el único grupo que se ha mostrado "inequívocamente en contra del PHN y del trasvase del Ebro" en todas las comunidades autónomas.
En Zaragoza y su entorno el agua de consumo es de "muy mala calidad" y procede sólo del Ebro, a través del Canal Imperial, dijo Lacasa, quien señaló la necesidad de traer el agua desde el Pirineo, a partir del embalse de Yesa, recrecido a cota media, hasta el de Loteta.
Para rentabilizar el nuevo abastecimiento, la capital aragonesa tendrá que acometer un plan de renovación de las tuberías cuantificado en 110 millones de euros. Aún no está claro cómo se va a abordar su financiación.
"Nuestro reto es -dijo Lacasa- mejorar los mil kilómetros de redes de distribución en Zaragoza, donde hay 280.000 abonados, una oferta de 280 millones de agua potable al día y unas pérdidas de entre 17 y 23 hectómetros cúbicos al año (el 25% del total)".
También la coalición IU-Los Verdes se propone hacer frente a las propuestas del PP, que plantea la privatización del agua, con las que, dijo Lacasa, "estamos totalmente en contra, ya que es un bien público esencial que debe seguir en manos públicas".
Por su parte, José Manuel Alonso, candidato de la coalición al Congreso, señaló que a pesar del tratamiento físico-químico del agua, y de su filtrado y refinado, el agua del Ebro llega a Zaragoza cargada de sales, minerales, metales y sedimentos que "afecta a las conducciones y a los electrodomésticos". Debido a esta "mala calidad" del agua, los 700.000 ciudadanos de Zaragoza y su entorno consumen 97 litros por habitante y año, lo que supone en total 67.900.000 litros de agua embotellada. Esto hace que se generen 25.500 toneladas de envases plásticos, cuyo tratamiento cuesta 280.500 euros a los ayuntamientos.
