Así titulaba el PERIÓDICO un reportaje publicado el 18 de diciembre de 1994. Por lo que se ve, 20 años después sigue siendo válido. Pero es que la historia se remonta a 40 años atrás, cuando en 1974 Industrias Químicas del Noroeste SA llegó a Sabiñánigo procedente de Baracaldo, donde la presión vecinal aconsejó buscar otra ubicación a la planta de Bilbao Chemical. La defensa del medioambiente y, mucho menos, sus potenciales repercusiones sobre la salud no estaban entonces en la agenda de una democracia que aún no existía. Cualquier industria que aportara puestos de trabajo era acogida con los brazos abiertos y el seguimiento de sus tropelías con los desechos era inexistente. Se consideraban residuos industriales, el precio del progreso.

Cuando, años después, el incipiente movimiento ecologista denunció la toxicidad de los productos químicos abandonados de cualquier forma en Sardas y posteriormente en Bailín, se tuvieron que oír de todo y de casi todos, trabajadores incluidos. Algunos de estos se prestaron a acompañar al director general de Inquinosa, Jesús Herboso cuando, descubierta la gravedad del pastel, a finales de los 80, bajó a Zaragoza a intentar contrarrestar las imparables evidencias de los vertederos. En rueda de prensa vino a decir poco menos que el hexaclorociclohexano (HCH) --residuo del lindano-- era agua bendita. Y de hecho, allí estaban los trabajadores mostrando su lozanía. Ese era el estilo de Herboso. Un alcalde serrablés llegó a decir que "más que empresarios parecían furtivos" cuando les impelían a desarrollar un proyecto que depurara el HCH en Bailín.

El entonces consejero de Ordenación Territorial, Luis Acín, tuvo que lidiar con un empandullo medioambiental que llevaba gestándose décadas y que nadie frenó. Decenas de miles de toneladas de química apestosa y dañina desbordaban las balsas de juguete en las que intentaban retener los lixiviados que, barranco a barranco, alcanzaban el cauce del río Gállego. Hace dos décadas ya se cuantificó en 5.500 millones de pesetas (33 millones de euros) el coste de la reparación.

El año que España preparaba los Juegos Olímpicos, Inquinosa se reía hasta de las multas que le imponía la DGA por no cesar en las actividades. Y no las pagaba, claro. Cuando la Justicia actuó, la primera condena por delito ecológico contra Jesús Herboso consistió... en dos meses de arresto y un millón de pesetas. Hoy, del dinero de todos se llevan gastados --a lo que se ve con poco éxito-- más de 50 millones de euros para frenar esa escorrentía venenosa que aún navega por el Gállego y puede ser que por canales y tuberías. Sí que es para preocuparse pese a lo que diga el consejero Lobón. Son muchos años y, por lo que aparenta, el bicho sigue vivo.