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LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA TERCERA EDAD

El Justicia denuncia limitación de derechos en algunas residencias

Un informe sobre el covid-19 recoge que algunos ancianos han estado «cuasi en arresto domiciliario» / El 80% de las muertes se ha producido en estos centros «y eso no tiene explicación», dice Dolado

 

El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, presentó el informe en el palacio de Armijo junto a Andrés Esteban y Javier Hernández. - S. E.

Ignacio Martín Ignacio Martín
22/09/2020

El covid-19, la pandemia brutal que azota el mundo desde hace diez meses y ha producido crisis sanitarias de distinta intensidad según y dónde, fue la razón por la que el Justicia de Aragón decidió abrir un expediente de oficio para analizar en profundidad las razones y maneras por las que esta enfermedad se ha colado con cierta facilidad en numerosas residencias de la tercera edad de Aragón. Lo explica pronto el informe que presentó en el palacio de Armijo Ángel Dolado, donde puso de manifiesto la vulnerabilidad de las personas mayores que se encuentran en centros geriátricos. El dato es demoledor: «El 80% de las personas fallecidas en Aragón lo ha hecho en residencias», explica en su presentación el documento, en el que se piden alternativas al modelo residencial tradicional.

Se habla claro en el informe, donde se pide acabar con los asilos, evitar el aislamiento de los mayores, buscar un pacto intergeneracional que permita la convivencia entre ancianos y jóvenes. También es realista en una de sus conclusiones, que suena bien dura: «Las prolongadas estancias en sus habitaciones, los confinamientos y la prohibición de visitas a los usuarios han llevado en la práctica a verdaderas limitaciones de derechos fundamentales de los residentes», en situaciones de «cuasi arresto domiciliario y en condiciones mucho más restrictivas» que el resto de ciudadanos. «Y a  veces arresto domiciliario, sin el cuasi», incidió Dolado.

Según el lugarteniente del Justicia, Javier Hernández, ha sido un trabajo «exhaustivo y tenso» que se ha acelerado debido a los rebrotes con el fin de que las propuestas puedan ponerse en marcha «ya». Eso sí, advirtió de que el informe «no ha pretendido culpar a nadie de nada sino plasmar la realidad, ver las causas y ser propositivo».

Pese a no querer señalar, el informe deja en evidencia las pautas y modos sobre los que se trabaja. Uno de los aspectos que puesto de manifiesto es que es un sistema «inadecuado» y basado en un modelo de asilo que, según Dolado, tiene que «desaparecer».

Se debe tender hacia un sistema donde «prime la dignidad frente a la privación de derechos» que se ha evidenciado durante el estado de alarma cuando los usuarios quedaron recluidos en sus habitaciones «pese a que solo el 50% había tenido contagios».

En este sentido, desde el Justiciazgo se aboga por un modelo alternativo en función de las edades y crear residencias medicalizadas para quienes precisan una atención «especial» o son altamente dependientes y es por lo que considera que ahora es el «momento ideal» para presupuestar adecuadamente la ley de dependencia.

Las quejas revelan que ha prevalecido el «miedo antes que la salud», se han roto los vínculos afectivos, se ha producido una falta de acompañamiento en procesos de duelo, y de escasez de información con transparencia no solo en los centros de mayores, sino también en los de discapacitados, señaló Esteban Andrés, quien desde el Justiciazgo reclama una «atención centrada en las personas».

Es por lo que Dolado también considera necesario un «pacto intergeneracional» que favorezca la convivencia de jóvenes y mayores. «No se pueden aceptar arrestos domiciliarios. Es necesaria una ley de derechos y garantías de los mayores», subrayó.

Según Dolado, la atención en los hogares es «esencial» porque el hecho de que el 80 % de las muertes se haya producido en residencias «no tiene ninguna explicación». Sin embargo, durante la pandemia solo 92 residentes de los centros que han participado en el estudio retiraron a sus familiares.

El número de personas fallecidas en estos centros «no tiene una correlación lógica con las defunciones de otros sectores de la sociedad en sus domicilios particulares, al igual que no lo tienen las situaciones de deterioro y sufrimiento acaecidos en dichos ámbitos residenciales durante la pandemia, lo que debe llevar a la adopción de medidas para evitar su repetición», dice en su primera conclusión el informe, que recuerda que las residencias son «los hogares» de quienes allí residen y, por lo tanto, estas personas han de tener idéntico acceso a la asistencia sanitaria que quienes residen en su domicilio particular».

Sin embargo, incide el informe, «no parece que se haya entendido así en muchos casos», e incluso en los más graves, «afortunadamente minoritarios», ha existido «incluso inacción respecto a la asistencia sanitaria in situ por parte de los servicios de los centros de salud públicos a los que estaban asignados los residentes».

En el ámbito laboral, el Justicia también ve la necesidad de mejorar los ratios de trabajador por usuario, de que tengan retribuciones «dignas» para motivarles, así como formación adecuada y continuada además de ponderar el tiempo trabajado por los profesionales para evitar que los empleados sean «personal de usar y tirar».

En cuanto a propuestas, se pide dotar a todas las residencias aragonesas de espacios para el esparcimiento de los residentes, establecer unos protocolos claros de derivación a los centros intermedios; evitar, en la medida que sea posible, situaciones de aislamiento extremo; garantizar la dotación adecuada de EPIs, establecer sistemas ágiles y operativos para la realización de pruebas diagnósticas tanto a residentes como a profesionales, o la apertura de los centros de día son otras de las peticiones que se revelan en el estudio.

La consejera Broto defiende que la vida es "el primer derecho"

María Victoria Broto se detuvo para tratar de poner luz a algunos de los puntos polémicos del informe del Justicia, sobre todo la conclusión en la que pide otro sistema donde «prime la dignidad» frente a la «privación» de derechos. «Entiendo que el Justicia defienda la dignidad y los derechos, coincidimos. Pero estoy segura de que en una situación crítica, de alarma, de emergencia, elegiría la defensa de la vida. Es el primero de nuestros derechos», dijo la consejera.

«Durante los momentos más duros de la pandemia se actuó poniendo la salud y la vida por delante de todo. Las directrices de las autoridades sanitarias fueron el confinamiento de la población y los mayores que viven en residencias tuvieron que confinarse en ellas, se aislaron en sus hogares y se evitaron los contactos para evitar a propagación del virus. Conforme la propagación del virus descendió se fueron habilitando espacios de convivencia y actividades, en grupos reducidos y acotados. A la consejería le ha preocupado y mucho esta situación, durísima, pero se apostó por salvar vidas, y la convivencia podía ser un riesgo de contagio», incidió Mariví Broto.

Las quejas entre los encuestados revelan que ha prevalecido «el miedo antes que la salud» y que se han roto los vínculos afectivos, además de que ha habido una falta de acompañamiento en procesos de duelo, y escasez de información. «Cuando vivimos una pandemia y tenemos que evitar los agrupamientos para esquivar los contagios, todo nuestro mundo se derrumba. Se han habilitado todos los medios de comunicación y contacto que han estado a nuestro alcance. Con medio millar de tabletas para habilitar videoconferencias, información telefónica a las familias y seguimiento de los residentes. Es cierto que los centros estuvieron cerrados, pero era la forma de evitar la propagación del virus», explicó la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, firme al asegurar que «no ha habido arrestos domiciliarios» como aseguró el Justicia: «Lo que ha habido es un confinamiento de la población, con permisos a todas aquellas familias que tenían a su cargo a un familiar dependiente o con necesidades especiales para poder cuidar de él. Los servicios sociales municipales y comarcales han redoblado esfuerzos y se reinventaron en días para poder llegar a todas las personas, para que nadie se quedara atrás…».

«Es momento de un pacto intergeneracional y reflexionar sobre el papel de los mayores en la sociedad», afirmó Broto, que entiende que la ley del mayor no es una prioridad. El desarrollo de la Ley de dependencia , el trabajo en el observatorio para la atención de los mayores solos, la atención a los cuidados y la ayuda a las residencias deben centrar nuestros esfuerzos».

 
 
3 Comentarios
03

Por Asco 10:45 - 23.09.2020

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No señora, no. No debe preocuparse por las residencias que, en su inmensa mayoría, son lucrativos negocios privados. Le pagamos su magnífico sueldo y las prebendas añadidas para que se preocupe por los residentes, por las penosas condiciones laborales de las empleadas y para que se respeten, de verdad, los derechos de todos, incluidos los familiares. El caso es que en cuanto a eso, no ha hecho absolutamente nada que se pueda constatar, salvo exculparse de todo, y dejar que la situación siga igual o peor. Y ello, a la espera de la previsible ola de brotes y rebrotes que pueda traer el otoño y el invierno.

02

Por Asco 10:04 - 23.09.2020

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¿Y ya está...? Una tenue crítica del Justicia y la pertinente aclaración de la consejera ¿es todo? El cinismo de esta señora no tiene límites. Por eso no reconoce que de todas las comunidades españolas Aragón registró el mayor porcentaje de fallecimientos en residencias de ancianos, que en algunos momentos alcanzó el 96%. Pero ni se le ocurriría dimitir, faltaría más. Y es que los ancianos no dejan suculentas comisiones a fin de año en agradecimiento por mirar, continuamente, para otro lado ante la criminal gestión de las residencias geriátricas.

01

Por Francer1952 8:39 - 23.09.2020

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Mucho se dice pero no se hace nada. La realidad es que esta demostrado que no son los familiares quienes introducen el virus. Ya va siendo hora de poder visitar a los mayores, creo que ahora los presos tienen mas derechos y libertades que nuestros mayores

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