El caso Caladero es, esencialmente, un tema penal de carácter técnico cuyo meollo se encuentra en una serie de pruebas documentales sobre trámites administrativos cuya existencia y cuya aportación a la causa ha dado ya lugar a varias polémicas.
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza judicializó el asunto tras efectuar una investigación preliminar después de haber recibido un dictamen de la delegación del ministerio público en el Tribunal de Cuentas que alertaba de la existencia de indicios de delito en la tramitación y desarrollo de la contrata por la que Conavinsa debía efectuar la obra civil de la nave de Caladero. Fue adjudicada por 9,7 millones --sin IVA-- a los que, según la denuncia, se añadieron otros 3,1 mediante una modificación del contrato y la elaboración de otro complementario después de que la obra hubiera sido entregada.
Paralelamente a este trámite, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas abrió un juicio contable para determinar si alguien debía asumir responsabilidades económicas por este asunto.
Carencias
El Tribunal de Cuentas ya advirtió de la ausencia de varios documentos en el dictamen que envió a la Fiscalía zaragozana. Y esta, el pasado 11 de septiembre, le propuso a la magistrada que lleva el caso --Mercedes Terrer, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza-- que reclamara varios de esos papeles. Concretamente, el contrato inicial, su modificación y el complementario. Y lo hizo con la solicitud de que, una vez llegaran, fueran citados como imputados "los que en las fechas de los respectivos contratos fuesen los legales representantes de la sociedad Plaza Desarrollos Logísticos" (PDL), la empresa pública de la DGA que tramitó el expediente.
Otros documentos fueron recabados por la jueza a petición de las partes. Así, el letrado de Santiago Coello, José Manuel Marraco, formuló una solicitud que se tradujo en el envío de más de 700 folios desde la DGA y Plaza Desarrollos Logísticos.
Y algunos papeles fueron entregados ayer por los imputados: Carlos Escó aportó el contrato de arriendo mediante el que Caladero pagará el precio de la nave en 27 o 30 años antes de que la finca vuelva a manos de la DGA, mientras que Coello traía los convenios entre el Gobierno de Aragón y la empresa agroalimentaria.
El Ejecutivo autonómico ha remitido varios informes y bloques de documentación tanto al Tribunal de Cuentas como al juzgado.
Rifirrafe parlamentario
Destaca entre ellos uno fechado el 6 de marzo del año pasado en el que la DGA pidió a la primera de esas instituciones que archivara las investigaciones abiertas sobre todos los casos derivados del examen de las cuentas autonómicas de los ejercicios 2008 y 2009. Este documento provocó hace unos meses un encendido debate en una sesión de control en las Cortes entre la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, y el secretario general del PSOE aragonés, Javier Lambán.
La petición de información que efectuó la jueza a instancias del fiscal, recibida por la DGA el 7 de octubre, fue cumplimentada tres días más tarde por Pilar Valdivia, una de las responsables de Plaza Desarrollos Logísticos que finalmente resultó imputada en la causa.
Esta, entre otros extremos, destacó la existencia de un error clave para la investigación: el certificado de recepción definitiva de la obra fue emitido el 4 de enero del 2011, y no en la misma fecha del año anterior, cuando solo habría pasado un mes desde la recepción definitiva y antes de que fueran formalizadas las modificaciones contractuales que han dado pie a las pesquisas.
La última solicitud de información salió del juzgado el 26 de diciembre y llegó el 9 de enero al Pignatelli, que la cumplimentó el 14 al remitir los documentos de alegaciones que la DGA había remitido al Tribunal de Cuentas.
