El Gobierno aragonés ha decidido endurecer la normativa sobre caza ilegal de especies de alto valor cinegético tras el considerable aumento de los casos de furtivismo detectados este año en el Pirineo, el último de ellos denunciado el pasado domingo. El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, confirmó ayer que las sanciones para este tipo de prácticas pasarán de los 3.000 euros actuales máximos por pieza hasta los 60.100 a partir del año próximo.
Esta modificación de la Ley de Caza de Aragón se llevará a las Cortes dentro de la ley de acompañamiento al Presupuesto. Una propuesta que definirá la caza mayor ilegal como falta muy grave, en lugar de grave, como lo es actualmente. La reforma afectará a la cabra, el ciervo, el corzo y al sarrio, pero no al jabalí. Boné criticó duramente al furtivismo, práctica que consideró "deleznable porque atenta contra los recursos del territorio".
El pasado domingo, un grupo de cuatro personas fue denunciado en la reserva de Viñamala, en el valle de Broto, al ser sorprendido con una cabeza y un cuerpo entero de sarrio. Un caso doblemente grave si se tiene en cuenta que uno de ellos es un comandante de la Guardia Civil destinado en Ciudad Real, que durante varios años fue responsable del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de esa provincia, y otro, un vigilante del Parque Nacional de Ordesa que actuaba de guía de los cazadores.
SORPRESA EN ORDESA José Luis C. G. era un vigilante que trabaja de forma eventual, sobre todo en verano, en el Parque Nacional de Ordesa. Luis Marquina, director del parque, mostró ayer su "sorpresa total" e incredulidad por la participación de este ciudadano en la batida.
"Los servicios de vigilancia los contrata la empresa pública Tracsa, y esta persona ha trabajado este verano y también el pasado en el parque", aseguró. De hecho, el contrato que tenía firmado para este verano finalizó el pasado jueves 4 de noviembre.
Ayer, su nombre era la comidilla tanto en el parque como en Nerín, localidad en la que suele residir durante el verano, ya que durante el resto del año está en Zaragoza. Ninguno de los preguntados ayer quiso desvelar el nombre completo de esta persona, aunque alguno llegó a afirmar que no se trata de una persona joven, ya que nació en 1950.
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno aragonés admitió que abrirán expediente sancionador "como en todos los casos similares", y añadió que "se estudiará si hay indicios de delito para remitirlo al juzgado". El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha trasladado la denuncia al Servicio de Protección de Medio Ambiente de la DGA.
"Nuestra lucha contra el furtivismo está dando sus frutos. Existe una buena coordinación entre los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) del Gobierno de Aragón y el Seprona", añadió el consejero.
AUMENTO DE DENUNCIAs Aragón se ha visto sorprendida este año con un incremento de caza ilegal de sarrios en el Pirineo. Desde que en enero se detectaran los primeros furtivos en Sallent de Gállego, son ya cerca de una quincena los cazadores denunciados, sobre todo en verano.
El 27 de junio fue un mallorquín en Graus; el 9 de julio, un zaragozano en Posets-Maladeta; el 24 de julio, un vecino de Jaén y otro de Madrid en la reserva de Viñamala fueron cazados con siete cabezas de sarrio; el 10 de agosto, un zaragozano entre Fanlo y Nerín, y el 10 de septiembre, otros tres en Montanuy. El domingo fue el último caso, con cuatro denunciados.
A lo largo del presente año, el Gobierno aragonés ha concedido 600 permisos para cazar otros tanto animales. El número se determina en función de la población de animales que, actualmente está fijada en unos 14.000.
Según ha podido saber este diario, los cuatro furtivos sorprendidos in fraganti en Viñamala carecían de permiso autonómico para cazar sarrios.
