El próximo jueves termina en las Cortes el plazo de alegaciones al Proyecto de Ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón, texto regulador que pretende acabar de una vez con las antiguas funciones de alguacil que todavía ejercen los agentes en muchos pueblos de la comunidad. Movilidad geográfica, equiparación salarial y segunda actividad son los principales puntos de fricción.
El proyecto de ley, una lejana reivindicación de los agentes que viene a sustituir a la obsoleta normativa existente desde 1987, se ha hecho esperar por las reticencias mostradas. En muchos pueblos, los alcaldes aún actúan como señores de capa y espada , utilizando a los policías a su libre albedrío, con bajos salarios, precariedad laboral y sin dotación de medios. Con la regulación, algunos ayuntamientos temen no poder hacer frente a los costes económicos y quedarse sin ordenanzas .
Con fecha de 23 de marzo del 2003, había en Aragón 1.403 plazas de policías locales, de las que 1.024 correspondían a Zaragoza (1.044 este año) y su situación era muy dispar, tanto en salarios como en funciones y medios.
Uno de los objetivos del nuevo proyecto ley consiste en la equiparación profesional y salarial. Es uno de los más contestados por los alcaldes, ya que o bien existen dificultades para hacer frente al gasto o se teme que muchos agentes aprovechen esta oportunidad para marcharse a ciudades más grandes.
MOVILIDAD El problema de la movilidad ya existe ahora y en algunas localidades hay una constante rotación que obliga a mantener las plantillas en precario, ya que pocas veces están cubiertas todas las plazas asignadas.
Sin embargo, estas fugas se seguirían produciendo con independencia del proyecto ley. Según fuentes del CSL-CIPOL, sindicato mayoritario del Cuerpo en Zaragoza, el salario de un agente en una localidad como La Almunia es de 672 euros mensuales (112.000 pesetas), que incluyen noches, festivos y todos los extras. En otros pueblos, las retribuciones aún son menores, sobre todo en aquellos donde la catalogación profesional de los agentes es de auxiliares.
La penosidad de las tareas por la falta de medios o la peligrosidad del trabajo en algunos lugares son otras causas de las dificultades para cubrir las policías en pueblos.
En localidades como Mallén, La Almunia, Barbastro o Binéfar, los agentes aún no llevan pistola, pese a que la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de 1986 ya consideraba a la Policía Local como "institución armada". Los problemas se agravan en los lugares donde ya no hay cuartel de la Guardia Civil.
El proyecto de ley, en trámite parlamentario en las Cortes, viene a regular las funciones de los policías locales en todo Aragón, pretende acabar con las desigualdades y conseguir un auténtico servicio público para los ciudadanos.
