El recurso estatal a la ley de capitalidad pactada por los partidos de izquierda en las Cortes de Aragón ha confirmado finalmente uno de los argumentos esgrimidos por la oposición parlamentaria que se negó a votar a favor del texto. Sin embargo, entre los grupos que apostaron por la norma se defiende su legalidad y la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez se ve como una «injerencia intolerable» en la política autonómica.

La portavoz del PP, Mar Vaquero, defendió ayer la decisión tomada por el PSOE estatal y expresó que el partido hubiera instado al recurso en el caso de que se hubiera pasado el plazo. «El pacto entre Zaragoza en Común (ZeC) y el Gobierno de Aragón fue un obsceno intercambio para asegurar unos presupuestos autonómicos», aseguró.

Los populares recuerdan que durante la tramitación parlamentaria ya pusieron «reparos» al artículo recurrido y consideran que ahora se debe suspender su aplicación hasta que el Constitucional tome una decisión.

En la misma línea se mostró la portavoz de Ciudadanos, Susana Gaspar. «La tramitación ya fue una tomadura de pelo», afirmó en relación a la alianza de la izquierda. Por ese motivo augura «un futuro negro» al texto y reclama que las relaciones de capitalidad de la ciudad de Zaragoza se atengan a lo que establece el Estatuto de Autonomía.

«exceso de celo» / El presidente del PAR, Arturo Aliaga, lamentó la «mala aplicación» de la ley llevada a cabo por ZeC, pero señaló que el recurso ha sido «un exceso de celo» por parte del Estado frente a la acción de las autonomías. «Parece que no se fíen y siempre ven fantasmas», indicó.

La portavoz de Podemos, Maru Díaz, le pidió a Javier Lambán «más influencia sobre su partido» para defender «la independencia y la soberanía de las instituciones» al considerar que el recurso «menosprecia y maltrata» a Aragón y Zaragoza. Por ahora los socialistas aragoneses, junto a la DGA, han defendido la legalidad del texto.

La secretaria general de CHA, Carmen Martínez, restó importancia a la constitucionalidad del artículo 14 y puso el foco en las consecuencias de la ley. «El problema se ha generado por el mal uso que ha hecho ZeC de ella, al utilizar la norma como excusa para enmudecer a la oposición al dejarla fuera de las sociedades», argumentó.

Para el coordinador general de IU, Álvaro Sanz, la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez es «una incongruencia» dentro del PSOE, por lo que reclamó a los socialistas aragoneses «dejar de defender con la boca pequeña la norma y ser beligerantes».