La Generalitat de Cataluña estudia importar de Aragón una de las medidas de lucha antitrasvase de la DGA: el blindaje de espacios afectados por la cesión del Ebro. Así, una de las opciones barajadas ayer en la reunión del castillo de Mequinenza fue poner bajo protección la zona de Tortosa en la que se ubicaría el punto de toma de la transferencia de agua.
Ni el consejero de Medio Ambiente aragonés, Alfredo Boné, y ni el catalán, Salvador Milá, hablaron mucho de las acciones jurídico-políticas contra el trasvase. Pero sí aludieron a la decisión de la DGA de crear espacios naturales protegidos en la zona del embalse de Mequinenza y en la zona de Aiguabarrieg, entre otras. Con esta medida se pretende frenar cualquier acción en esos entornos, incluidos descensos del nivel del pantano para propiciar un trasvase.
Milá sugirió la posibilidad de que Cataluña "complemente en Ribarroja las acciones de protección de Mequinenza", una operación que calificó de "inteligente y acertada" y que --señaló-- podría aplicarse también "en el punto de toma" de la cesión, previsto dos kilómetros aguas abajo de Tortosa, en Tarragona.
Cataluña sí elabora ya un recurso de inconstitucionalidad contra la llamada ley de acompañamiento al presupuesto del Estado, por considerar que las reformas que introduce relativas al Plan Hidrológico Nacional (PHN) afectan a competencias de la Generalitat. Dicha modificación legal resta poder a ese Gobierno autónomo respecto al Plan Integral de Protección del Delta del Ebro.
Los catalanes preparan un informe sobre el caudal ecológico del río para remitirlo a la comisaria de Medio Ambiente, Margot Wallström.
El cambio de color político en la Generalitat (gobernaba CiU y ahora lo hacen PSC, ERC e ICV) ha propiciado esta nueva alianza entre las dos comunidades, pues el tripartito rechaza frontalmente el trasvase.
