José Luis Rodrigo, vocal del consejo de administración de Plaza en representación de Ibercaja, desde el 2006 hasta la actualidad, fue uno de los comparecientes más clarividentes. Sin hacer ascos a la autocrítica, y contradiciendo lo que había dicho por la mañana Rafael Fernández de Alarcón, aseguró que "no han fallado los controles, sino las personas".

Admitió que en los consejos de administración no revisaban ni leían los informes que recibían porque confiaban en los servicios técnicos y jurídicos de la sociedad. "La situación era de tranquilidad, jamás pensé que hubiese insuficientes controles", reconoció. Explicó que buena parte de las resoluciones que tomaban se basaban en la confianza que tenían en el gerente --Ricardo García Becerril-- y su equipo. Y puso un ejemplo muy claro: "si cinco directivos de Ibercaja nos ponemos de acuerdo también podrían burlar los controles". Visto en perspectiva, admitió que ahora cambiaría alguna de las decisiones.

Rodrigo señalaba así directamente a la presunta trama urdida por García Becerril. De hecho fue él mismo, según explicó, quien propuso su cese. Lo hizo incluso contra el parecer del presidente del consejo de administración, Alfonso Vicente, que en un primer momento, según dijo, había defendido la legalidad de la acción del gerente, que había presentado, en el último momento certificaciones por valor de 8 millones de euros, cuando se estaba a punto de cerrar una operación de pago con la UTE. "El presidente nos dijo que la actuación del gerente era correcta, pero yo creía que era una deslealtad, y por eso propuse su cese. Algo que finalmente se hizo", recordó. "No me parecía que se pudiese mantener a una persona que había silenciado 8 millones".

El representante de Ibercaja se mostró convencido de la necesidad de "buscar la verdad caiga quien caiga". Echó también en cara a Plaza la falta de información en algunos momento. Como cuando se produjo su imputación. "No es de recibo que nos tuviésemos que enterar por los medios, cuando estamos personados en la causa, y nuestros representantes legales sabían del auto de imputación".