La nueva Ley General de Telecomunicaciones plantea una simplificación administrativa para el despliegue de nuevas redes, la eliminación de trabas a la concesión de licencias y el fomento del uso compartido de infraestructuras entre compañías. Con las enmiendas del Congreso, se vinculó la cuantía de las sanciones por infracciones graves o muy graves de los operadores a los beneficios obtenidos, con un tope de hasta 20 millones de euros, y se crearon nuevas infracciones. Asimismo, se clarificó el derecho de los usuarios a oponerse a recibir llamadas comerciales no deseadas. Además, el Gobierno se compromete a garantizar que todos los hogares españoles tengan acceso a una velocidad mínima de Internet de 10 megabits por segundo en el año 2017. Tres ejercicios más tarde se prevé que la banda ancha llegue a los 30 megas.
