El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, reapareció ayer públicamente y por fin ofreció, seis días después, sus primeras impresiones sobre el recurso de inconstitucionalidad que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, presentó el pasado viernes contra el artículo 14.1 de la ley de capitalidad. Y sus primeras palabras al respecto no pudieron ser más contundentes e incendiarias. Pero más contra el presidente de Aragón, Javier Lambán, al que señaló como máximo responsable de esta decisión, por «presionar» al jefe del Ejecutivo central para recurrir y, al hacerlo, ir «contra sus propios actos» y «traicionar a Zaragoza».
Santisteve, en su argumentario, entremezcló su idea de que esta maniobra la ejecutan mano a mano el PSOE y el PP «en agosto» y que «recuerda a cómo fue modificado el artículo 135 de la Constitución», con su afirmación de que Lambán ha hecho «justo lo contrario a lo que prometió a la ciudad» con «una coincidencia un tanto extraña» con el «giro hacia el PP y Ciudadanos (Cs) con el impuesto de Sucesiones».
CONTRA EL CAMBIO // Y, por si faltaban más ingredientes, añadió que este recurso de inconstitucionalidad se aprobó «en un Consejo de Ministros en el que se retira otro al País Vasco y después del precedente de cargarse un acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona sobre las licencias VTC». Como si fueran recursos a la carta y con objetivo claro. «¿Esto marca un antes y un después del Gobierno de Pedro Sánchez contra los ayuntamientos de las ciudades del cambio, que somos sus potenciales aliados?», se preguntó. «Tendría que mirárselo seriamente», añadió.
El alcalde de Zaragoza no escatimó en señalar al presidente aragonés como máximo responsable de un recurso que pone en jaque el golpe de mano dado por ZeC en las sociedades municipales. Propicia que se declare ilegal el artículo que le permitió expulsar a la oposición de la toma de decisiones en los consejos de administración. Y se cuestiona que ese texto de la ley rompe con la distribución de competencias que otorgan otras leyes de rango superior, y que blindan al pleno como máximo órgano de decisión municipal. Pero Santisteve cree que responde a otros intereses políticos, los que hacen que, a su juicio, el Ejecutivo autonómico esté actuando «de forma incongruente» con lo que prometió.
Por eso el primer edil aseguró que su Gobierno se «someterá a la legalidad», pero la que determine el Tribunal Constitucional. Se aferra a que este será quien «tendrá la última palabra» y quien determine si procede analizar la posible inconstitucionalidad del artículo 14.1 y si se acepta la suspensión cautelar pedida por Sánchez en su recurso. Hasta entonces, nada. O hasta que se lo digan los servicios jurídicos municipales, a los que, explicó, se les pedirá un informe al respecto. Esa será su hoja de ruta, con independencia de que en septiembre, el Constitucional puede suspenderlo en cualquier momento.
RESPUESTA DEL PIGNATELLI // Mientras, seguirá el pulso con la oposición en el consistorio. «Lo que no es de recibo es que unos grupos quieran utilizar unas mayorías para bloquear a un Gobierno legítimo», apuntó el alcalde, quien recordó que «para eso hay otros sistemas, como la cuestión de confianza o la moción de censura, que no se atrevieron a materializar». Él, lejos de reconocer culpa alguna, señala a esa «mayoría de bloqueo» que paraliza inversiones por «políticas partidistas de debilitar a un Gobierno».
Pero lo nuevo en su discurso era señalar de una forma tan contundente a Lambán como estilete contra ZeC de un PSOE que se mueve a bloque en España contra los ayuntamientos del cambio y con decisiones como el recurso a la ley de capitalidad que, a su juicio, son una «injerencia» en el autogobierno en Aragón. Los socialistas, añadió, cambian de bando. «Lo que me preocupa es la deriva del PSOE, ya que en los últimos plenos solo vota con el PP y que Lambán un día pide que le vote IU y otro se eche en brazos del PP por si acaso». «No se puede jugar a eso. Hay que tener palabra y los pactos están para cumplirlos», dijo el alcalde. Curioso que empleara la misma frase que se ha escuchado él cuando le recuerdan que su golpe en las sociedades rompía un pacto político del inicio de esta legislatura.
Con todo, la respuesta desde el Pignatelli no se hizo esperar. Y con la misma contundencia contraatacó la DGA. El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, calificó de «lamentable» y «desproporcionada» la reacción de Santisteve, que estaba «fuera de lugar» por atacar a un Ejecutivo autonómico que «siempre ha defendido la constitucionalidad» del texto y que ha propiciado la aprobación, por fin, de una ley de capitalidad para Zaragoza que también le reporta «8 millones de euros de ingresos anuales y un acuerdo económico de más de 20».
O lo haría, porque el ayuntamiento solo ha sido capaz de ejecutar un artículo, el polémico 14.1. «Eso le lleva a buscar enemigos donde no los hay y a echar balones fuera», explicó Guillén, quien recordó que el Ejecutivo autonómico siempre ha defendido la ley frente al Gobierno central, el actual y el anterior, dirigido por el PP de Mariano Rajoy. Este abrió la discusión con reparos legales en varios artículos y su negociación ha dejado ese recurso finalmente en solo uno en cuestión, el 14.1.
«Este es el único artículo que ha aplicado el ayuntamiento», lamentó, cuando también le permitía la transferencia de más competencias que no solicita o ese acuerdo económico por las ya delegadas que sigue en su mesa «desde hace un mes» y al que no responde, dijo el consejero. «Criticar de forma desproporcionada es echar balones fuera y ser incapaz de asumir su propia incompetencia», añadió. «Hace poco decían que las relaciones eran muy buenas y hoy el alcalde dice esto. Han dicho a veces que Pedro Sánchez y Lambán tienen mala relación y hoy que son amigos íntimos. Es tan caótico que no tiene sentido», concluyó.
