Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha condenado tanto al Gobierno aragonés como a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) a ejecutar diversos proyectos para compensar al municipio de Los Fayos por la construcción del embalse de El Val, actuaciones que están pendientes desde 1993. El fallo judicial declara que ambas administraciones han incumplido los acuerdos y da la razón a los afectados por la presa, que han acudido a los tribunales en diversas ocasiones. Lo más paradójico del tema es que si no se han llevado a cabo las obligadas y preceptivas restituciones, tampoco se ha puesto en funcionamiento este embalse, cuya presa está levantada desde 1997.

Esta polémica está enquistada desde hace más de una década. Tras años de lucha contra este proyecto y a la vista de su avance, los afectados por la presa decidieron reconvertirse en comisión negociadora y pactar con las administraciones obras que compensaran al municipio de Los Fayos por soportar esta actuación. En 1993, su esfuerzo se plasmó en sendos convenios, uno del ayuntamiento con la CHE y otro en el que además estaba la DGA. Se establecía una veintena de actuaciones para paliar los efectos de la obra.

Pero estos convenios no se han desarrollado, salvo en algunos de sus puntos. Tanto el consistorio como los afectados han recurrido en diversas ocasiones a los tribunales para intentar dar salida a una solución bloqueada en las acusaciones mutuas: desde la confederación y desde el Ejecutivo se denunciaba que el ayuntamiento no elaboraba los planes preceptivos para algunas obras. El consistorio, como recordó ayer José Eugenio Vela, que fuera alcalde entre 1995 y el 2003, insistían en que sus deberes estaban hechos.

LO QUE DICEN LOS JUECES En las sentencias del TSJA sobre dos recursos presentados por un grupo de afectados --liderado por el que fue presidente de la asociación creada en el municipio, Cayo Pellicer--, se declara que el Ejecutivo y la CHE han incumplido "las obligaciones" que asumieron en los convenios de colaboración que firmaron con el municipio. Además, los fallos judiciales --que no se pronuncian sobre las costas procesales-- condenan a ambas administraciones al cumplimiento de su parte de los acuerdos.

El convenio consistorio-confederación se firmó el 17 de febrero de 1993 y el que además incluyó a la DGA, el 26 de marzo de ese mismo año. Entre ambos se preveía desde crear una zona residencial nueva para los vecinos que se sintieran amenazados por la presa (pues el pueblo no se trasladó) hasta infraestructuras turísticas vinculadas a la presa, pasando por una nueva red de abastecimiento o una depuradora.

Fuentes oficiales de la CHE explicaron ayer que ante esta sentencia cabe un recurso de casación, cuya presentación se va a estudiar. No obstante, añadieron que el plan de compensación para Los Fayos (con las medidas previstas en los convenios del 93) se incluyó en el Plan Hidrológico Nacional y que el organismo tiene "voluntad" de ejecutarlo.

El exalcalde José Eugenio Vela, cuyo Gobierno municipal fue también muy combativo, mostró su satisfacción por estas sentencias. "La Justicia da la razón al pueblo", comentó.

Una de las cuestiones más llamativas es que ni siquiera funciona el embalse, pese a que la presa --que regula los ríos Queiles y Val y tiene 25 hectómetros cúbicos de capacidad-- se terminó en 1997. La sentencia del TSJA confirma algo que, por otra parte, es obvio: a pesar de los múltiples compromisos de las instituciones de compensar a los afectados con rapidez (incluso antes de finalizar un proyecto de regulación), las restituciones siempre se resisten.