El pleno del Congreso fue ayer el escenario de un tenso enfrentamiento entre el diputado de Podemos por Zaragoza, Pedro Arrojo, y la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, por la gestión del agua, que según el primero debe ser pública, para evitar «tramas de corrupción». Arrojo preguntó a la ministra «qué medidas y estrategias pensaba desarrollar para acabar con esas tramas de corrupción dvistiendo una camiseta azul de la Red Aragonesa Pública del Agua que también llevaban o colgaban en sus escaños la mayoría de diputados de su grupo, a los que la presidenta de la Cámara pidió su retirada argumentando que el Congreso «no es un tendedero».

Arrojo pidió el fin del «canon concesional» que reciben los ayuntamientos en el momento de adjudicar la gestión del agua a una empresa privada por considerarlo «un crédito encubierto» en tanto que los ayuntamientos reciben un montante importante de las empresas privadas que «generalmente malgastan», y que luego se le cobra durante años a los ciudadanos de manera prorrateada en la factura del agua para devolver el dinero a las compañías.

Arrojo también arremetió contra las sociedades estatales agua, Aquamed y Aquaes, que «consiguieron oscurecer la gestión pública del agua, creando una deuda irrecuperable y tramas corrupción que han destapado los tribunales». La ministra le dijo que el Gobierno ya ha adoptado medidas en esas sociedades estatales para garantizar «un nivel de control, transparencia, objetividad y concurrencia muy superiores a antes del 2012».

García Tejerina se refirió a la puesta en marcha de las instrucciones de contratación en agosto del 2012, que fijan criterios muy estrictos en esta materia, y que en el ámbito de las sociedades estatales de agua «endurecen y armonizan los procedimientos de contratación, imponiendo diversas exigencias no establecidas en la legislación». Entre los casos concretos sobre los que discutieron el diputado y la ministra se sitúa, por ejemplo, el de los pueblos del Pirineo aragonés para cuyas obras de depuración de aguas el anterior Ejecutivo socialista transfirió 140 millones al Gobierno aragonés, según Arrojo.

El diputado dijoo que el Gobierno de Aragón decidió gastar el dinero en otra cosa y hoy el ministerio multa a los ayuntamientos por no depurar sus aguas. La ministra replicó que la DGA tiene la responsabilidad de hacer esas obras, y que ya le han contactado para que las ejecute ya que para eso fue para lo que recibieron el dinero. Al concluir el pleno, Arrojo y la ministra siguieron discutiendo acaloradamente.