El desplazamiento por sorpresa del presidente del Gobierno a Barcelona para supervisar personalmente el estado de las obras del AVE y pulsar la opinión de las administraciones catalanas sobre la crisis en el servicio de Cercanías es una clara demostración de que Rodríguez Zapatero ha decidido asumir personalmente la gestión de un desaguisado que puede salirle muy caro en las próximas elecciones legislativas. La clamorosa ausencia de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, en la visita es una demostración más de que la máxima responsable del ministerio de las infraestructuras ha perdido la confianza del presidente, al menos en este proyecto vital, y que solo sigue en su puesto por razones de oportunidad política.
Es de agradecer el tono de Zapatero, que asumió que toda la culpa del fiasco la tiene el Gobierno central, y que su visita no se convirtiera en un acto propagandístico para salir del paso. Al contrario, el presidente escuchó a los representantes de la Generalitat y a los de los ayuntamientos afectados y pudo extraer una idea cabal del tremendo alcance de la crisis y de los peligros que tienen algunas de las soluciones barajadas para superarla.
Entre ellas está la de establecer provisionalmente en El Prat la estación de llegada del AVE al área metropolitana de Barcelona. Como rápidamente señalaron los alcaldes, esa medida crearía nuevos problemas de movilidad de los usuarios y aumentaría todavía más la densidad del tráfico en el área.
