Al comprometerse a cerrar la cárcel de la base de Guantánamo y acabar con la tortura antes de las legislativas de noviembre del 2010, el presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, se obliga a llevar de nuevo a su país por la senda del respeto al derecho internacional y a los derechos humanos. Pero, al mismo tiempo, se obliga también a transitar por un camino lleno de obstáculos en el que coinciden los partidarios de la mano dura con las aristas jurídicas que presenta la operación.

LABORATORIOS DE IDEAS El "fuerte mandato por el cambio", que es como Obama ha definido su victoria del 4 de noviembre, es la gran herramienta política del próximo presidente. Frente a ella se alza el aparato ideológico de los think tank (laboratorios de ideas) conservadores, que siguen defendiendo la necesidad de mantener un programa de detenciones preventivas de enemigos potenciales. Por no hablar de quienes estiman que un cambio precipitado puede debilitar la seguridad nacional puesta en pie por Bush mediante una versión revisada de la política del gran garrote (big stick), que Dick Cheney sigue considerando oportuna a pesar de haber sumido al país en el oprobio y el desprestigio.

La decisión de declararse culpables de planear los atentados del 11-S tomada por Jaled Cheik Mohamed y otros cuatro detenidos en Guantánamo suma más complicaciones a un asunto por demás enrevesado. Porque, al autoinculparse, estos radicales islamistas obligarán a la Administración entrante a decidir entre instruir un proceso penal convencional a partir de cero o aceptar, al menos en este caso, que funcione una comisión militar ad hoc, remedo de tribunal que violenta la tradición jurídica y las garantías procesales inseparables de la historia de Estados Unidos. Y aun dando por supuesto que Obama y su equipo den con una solución aceptable para solucionar el asunto, quedará por resolver cuál es el destino de la mayoría de los 250 presos que permanecen en Guantánamo contra los que no se ha presentado cargo alguno.

HABRÁ DIFICULTADES Las gestiones para dar con países musulmanes de acogida que garanticen, además, que no someterán a sus huéspedes a un trato indigno no están exentas de dificultades. El temor a cobijar a islamistas radicales y a que estos contaminen a sociedades atentas a su mensaje es un problema más que Obama deberá resolver para que la operación para acabar contra la ignominia de Guantánamo no se vuelva en su contra.