La nueva presidenta de Aragón ha apostado por un Ejecutivo formado a partes iguales por políticos y técnicos, en su mayoría veteranos, conocedores de la administración, del sector financiero, de la empresa, de la universidad, de las organizaciones patronales. El Gobierno diseñado por Luisa Fernanda Rudi responde así con plenitud a los ejes principales de su discurso en la investidura. La presidenta dejó claro en el Parlamento que los vectores de su política venían marcados por la austeridad y los recortes, por la eficiencia administrativa, y, a la postre, por el saneamiento de las finanzas públicas para garantizar unas prestaciones mínimas. No fueron sus palabras en el hemiciclo un contrato con las ideas innovadoras, ni un desiderátum de proyectos imaginativos; el compromiso de la popular al pedir la confianza de los diputados para ser designada presidenta de Aragón se centró básicamente en gastar menos sin resquebrajar el modelo de bienestar. El equipo del que se ha rodeado la presidenta del PP regional, mujer de ordeno y mando, habrá de asumir esos postulados, y de ahí el perfil seleccionado para tomar las riendas de la DGA.
Quien parece llamado a jugar un papel fundamental en el Gobierno durante los primeros meses es el nuevo consejero de Hacienda y Administración Pública, Mario Garcés. De él dependerán la mayoría de las acciones inmediatas enumeradas por la presidenta. Jacetano de 44 años, desconocido para el gran público, este auditor y profesor universitario es uno de los ideólogos de FAES, la fundación que preside José María Aznar, auténtico think tank de la derecha española. Garcés es coautor de un reciente informe sobre el futuro de las comunidades autónomas y su cohabitación con otros niveles de la administración, titulado Por un Estado autonómico racional y viable en el que analiza los costes de ineficiencia que generan determinados modelos de gestión en los gobiernos autonómicos. En su pormenorizado estudio, el nuevo consejero escribe: "Los poderes públicos autonómicos replican estructuras y organizaciones ajenas generando una mitosis de funciones y servicios que se compadece mal con un estudio racional de utilidades y necesidades. Esa clonación se alimenta también de la voluntad de algunas formaciones políticas que, ayunas de otros planteamientos, indaga en las recetas ideadas en otros territorios para plagiar determinadas propuestas. Y este proceder, lejos de aportar beneficios y ventajas sociales, cronifica en algunas ocasiones la ineficiencia en la gestión pública". En el documento, Garcés repasa y compara estas estructuras creadas por las comunidades y llega a la conclusión de que "el sector público autonómico está llamado a una profunda reforma organizativa que inicialmente debería consistir en racionalizar todo el sector instrumental, empresarial y fundacional del que forma parte".
¿Alguna duda de la idoneidad de Garcés para ejecutar desde el departamento la política anunciada por Rudi en su toma de investidura? Conviene recordar que el plan de choque administrativo esbozado por la presidenta para corregir los desajustes económico-financieros consiste en la presentación de una ley de estabilidad y transparencia presupuestaria, con techo de gasto incluido; en la reestructuración de la organización administrativa de la DGA y de sus organismos públicos, así como el saneamiento del sector público empresarial y fundacional; y en la reducción de asesores, personal de libre designación y en gastos suntuarios como publicidad institucional. Lo que más sorprende de este plan no es tanto su puesta en marcha por parte de Rudi --es marca de la casa-- como la asunción del mismo por parte de sus socios del PAR. Al final y al cabo, los aragonesistas han sido ininterrumpidamente desde 1995, los auténticos creadores del sector público aragonés, tanto usando los resortes de la administración como creando estructuras paralelas al estilo de institutos, empresas o fundaciones. El portavoz aragonesista, Alfredo Boné, que estuvo fino en la investidura para justificar el cambio de posición del PAR, lo va a tener difícil para explicar determinadas posiciones de su partido.
Quien podrá ayudar a Garcés a poner en marcha los planes de ajuste será el consejero de Economía, Francisco Bono, experto economista que ha dedicado una vida al análisis financiero, al estudio económico y a la dirección de empresas. Frente al rigorismo ideológico que demuestra Garcés en sus análisis de FAES, Bono representa el hombre más terrenal, el ejecutivo acostumbrado a resolver problemas cotidianos, el hombre de empresa que ha de diseñar estrategias para posicionar una marca o para vender un producto. De él dependerá la confianza del sector empresarial en la interlocución con la DGA, pero también podrá aportar una visión de primera mano de las sociedades públicas. No hay que olvidar que Bono ha presidido hasta ahora el hólding de la nieve Aramón y ha estado en el consejo de Plaza.
Del resto del Gobierno llama la atención el portavoz. Parece que en el PP hay una obsesión por los portavoces jóvenes, poco quemados en la gestión, con imagen impoluta. Frente a la elevada edad media en su Gabinete, la presidenta ha optado para este puesto por el benjamín, el oscense Roberto Bermúdez de Castro. Al estilo de Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso, los populares tiran de manual marketiniano para seleccionar el perfil de quien da la cara ante los medios. Ambos podrán ser válidos para el puesto, pero el perfil está deliberadamente seleccionado. Al principio, los demás consejeros apenas tendrán margen de maniobra, más allá del siempre complicado aterrizaje en una estructura tan alambicada como la DGA.
