De nuevo el colectivo Marea Verde y algunos sindicatos de la educación han anunciado movilizaciones a partir de enero que supondrían la persistencia en las críticas a los recortes ya impulsados en el sector público y fijarían el foco en los "privilegios" que, a su juicio, mantiene la enseñanza concertada. El debate sobre la financiación de este tipo de oferta educativa, reclamada por una parte de los usuarios que defienden el derecho a elegir, pero financiada con fondos públicos no está ni mucho menos superado. Si bien cumple una función de adaptación entre los medios disponibles y los recursos necesarios para la escolarización de los alumnos españoles, no es menos cierto que sin controles de equidad estrictos, su tendencia no responde a los mismos criterios que se impulsan en la escuela pública. No hay más que cercionarse de los desequilibrios en la distribución del alumnado extranjero y con necesidades de apoyo entre una red y otra. El 78% de los alumnos extranjeros están inscritos en la pública y apenas el 20% en la concertada. Si los fondos salen de la misma partida, las responsabilidades educativas deben compartirse.
