La dialéctica, entendida como una herramienta de análisis racional de los hechos sociales, exige distinguir las contradicciones secundarias de la principal. La impresión que yo tengo, después de haber leído y escuchado tanto como se ha publicado y dicho sobre la deriva secesionista catalana, es que la práctica totalidad de los analistas solo se han fijado en las contradicciones secundarias. Desde mi punto de vista, la contradicción principal radica en el intento del gobierno catalán para conseguir algo que es intrínsecamente ilegal, junto a la pasividad del Gobierno español al no aplicar las medidas punitivas que el ordenamiento legal vigente le otorga para preservar la unidad de España en los términos que explicita una constitución que fue aprobada por la mayoría del pueblo español.
LOS POSIBLES EFECTOS negativos que pueda tener el secesionismo catalán, en caso de que se produzca, tanto para los catalanes como para el resto de españoles, me parecen efectos colaterales secundarios que, a mi modo de ver, no deberían ser tenidos en cuenta por parte de quienes defienden el respeto al estado de derecho.
Entre otras razones, porque ese tipo de debate implica entrar en el juego que nos quieren imponer los defensores de esa deriva secesionista.
Es sumamente grave que el gobierno de una comunidad autónoma se salte la legislación cuando le da la gana, como ha ocurrido tantas veces en Cataluña. Pero mucho más grave me parece que el Gobierno de todos los españoles haya mirado para otro lado cuando esa conculcación se ha llevado a cabo.
En el tema del secesionismo catalán ya se han sobrepasado todas las líneas rojas y, sin embargo, el Gobierno de España no se ha decidido a cortar las alas de esta grave deriva secesionista, poniendo en marcha las medidas punitivas que la legislación le otorga. Por eso, no creo que la sociedad civil debamos manifestar nuestro enfado contra el Gobierno catalán, sino contra el Gobierno central. Al fin y al cabo, entra dentro de la lógica más cartesiana que un partido nacionalista defienda el independentismo del territorio donde gobierna.
A la vista de la pasividad del Gobierno español, disfrazada de prudencia, ha llegado el momento de que sea el pueblo quien le obligue a poner en marcha los mecanismos constitucionales para cortar esa deriva, bien sean de tipo punitivo, bien convocando un referéndum a nivel estatal, en el que la ciudadanía podamos expresar libremente lo que pensamos con respecto a la estructura regional.
Sé perfectamente que este artículo contribuirá muy poco a que el Gobierno español se tome en serio un asunto tan grave. Sin embargo, podríamos conseguirlo saliendo a protestar en las plazas públicas de todas las ciudades españolas.
Obviamente, el principal problema radica en saber cómo puede organizarse la sociedad civil para que su voz sea escuchada, en un país donde los partidos políticos solo se valen de ella para su beneficio, donde las escasas plataformas cívicas que existen carecen de medios, y donde estamos acostumbrados a que sea el papá estado quien nos resuelva nuestros problemas. A pesar de esa dificultad, la sociedad civil no puede permanecer callada ante el irresponsable envite que nos ha hecho a todos los españoles el actual Gobierno catalán. En este tema, como en tantos otros, el silencio se convierte en cómplice de los politicastros que desean romper España, y de los que no hacen nada para impedirlo.
Un instrumento muy válido para vertebrar a la sociedad civil contra la pasividad del Gobierno español podría ser la constitución de una plataforma, integrada por intelectuales que no militan en ningún partido político. Pienso que la defensa del estado de derecho no es patrimonio de la derecha ni de la izquierda y, por ello, en esa plataforma tienen cabida todas las ideologías, con la única excepción de la secesionista.
ES MUY CIERTO que la intelectualidad es un conglomerado interclasista con intereses muy diferentes, lo cual conlleva que resulte muy difícil su actuación colectiva. No obstante, hay multitud de situaciones históricas en las que los intelectuales se han unido para denunciar hechos que afectan al conjunto de la población.
Chomsky, en su ensayo titulado La responsabilidad de los intelectuales, dejó muy claro que los intelectuales tienen la obligación moral de denunciar las mentiras de los gobiernos y de sacar a la luz pública la verdad que se oculta tras el velo de la deformación y de la desfiguración ideológica que intentan imponer al pueblo quienes detentan el poder.
Si, de acuerdo con dicho pensador, se admite que las responsabilidad de los intelectuales es mayor que la del pueblo en los momentos críticos de la historia, entiendo que su silencio en la deriva secesionista catalana los convierte en cómplices de quienes pretenden gobernar saltándose a la torera el andamiaje constitucional aprobado por la mayoría del pueblo español.
Catedrático jubilado.
Universidad de Zaragoza
