Al juez Garzón le truncó el Tribunal Supremo su brillante carrera judicial por "laminar derechos y ordenar prácticas propias de sistemas políticos ya superados". Tal laminación de derechos no fue otra que intervenir las conversaciones que los corruptos de la banda Gürtel mantenían en la cárcel con sus abogados. Y así, de un plumazo, el juez que destapó la trama de políticos y apegados, autora del mayor pillaje conocido hasta ahora de dinero público, fue expulsado de la judicatura y apartado para siempre de un caso que aún colea. La misma suerte corrió unos años antes Emilio Manglano, el general que dirigió el CESID durante aquellos duros años en los que hubo que transformar el Ejército de Franco en unas Fuerzas Armadas democráticas, tiempos en los que había que atar en corto a terroristas, por un lado, y a golpistas por otro. Con Manglano, condenado a tres años de cárcel por escuchas ilegales y por espiar la sede de Herri Batasuna, cayeron también sus superiores inmediatos: el vicepresidente Serra, que había sido ministro de Defensa, y García Vargas, que le sucedió en el Ministerio. Y ahora nos viene el Servicio de Inteligencia de EEUU con que el espionaje realizado en España a millones de ciudadanos es obra de los servicios secretos españoles que lo han ofrecido gentilmente a los norteamericanos, fruto de la colaboración entre ambos países. Quiera Dios que estos alcahuetes con tecnología punta no hayan interceptado las conversaciones cruzadas con mi núcleo duro de amigas. Estamos perdidas, chicas. Periodista
