Es muy propio del ser humano tomar la parte por el todo y generalizar hasta lo absurdo. Así, resulta muy frecuente la condena de toda una colectividad a causa de la conducta irresponsable de unos pocos. Recientemente y en contra de lo que pretendían las ordenanzas municipales de Zaragoza, el Tribunal Supremo ha ratificado la prohibición de circular en bicicleta por aceras, parques y jardines, espacios reservados en exclusividad para los peatones. ¿Pero acaso esa viejecita que camina con extrema prudencia apoyada en su báculo, se atreverá gracias a esta sentencia a pasear de nuevo entre los parterres? Sin duda, el dictamen del Supremo debería suponer un suspiro de alivio para muchas personas afectadas, que ven cómo sus derechos y prioridad peatonal son sistemáticamente despreciados y su devenir cotidiano se traduce en conducta de riesgo; por desgracia, demasiados impresentables opinan que las leyes están para ser incumplidas excepto cuando favorecen sus intereses, lo que, en definitiva, suele redundar en nuevas medidas y restricciones en perjuicio de la gran mayoría de los ciudadanos que sí respeta las normas. El objeto del ordenamiento jurídico es facilitar la convivencia y resolver los conflictos que surgen por un mal entendimiento del espacio común. Sin embargo, no existe aparato ejecutivo suficiente para garantizar el cumplimiento de las leyes si un amplio número de individuos decide saltárselas. Pudiéramos pensar que un simple comportamiento incívico es algo irrelevante, pero el deterioro de la vida pública empieza precisamente en las pequeñas cosas de cada día, que tienen por costumbre evolucionar hacia grandes males cuando falla el respeto a los demás y la ley no supone un freno. Escritora
