Que la empresa Aranade haya logrado sentar en el banquillo a la alcaldesa de La Muela, Marisol Aured, por no pagarle el 1,1 millón de euros que giró a la Sociedad Urbanística Municipal parece un esperpento dentro del sainete en que lleva convertido ese municipio desde hace cinco años. Un esperpento porque el presidente de esa sociedad, Julián de Miguel, es uno de los principales encartados en la operación Molinos y la actuación de Aured ha sido avalada por un juez de lo Civil. Mil interpretaciones para una misma ley.
