El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se instituyó en 1999 por la ONU y se fijó el 25 de noviembre como la jornada de conmemoración en recuerdo de las tres hermanas Mirabal, asesinadas en esa fecha de 1960 en la República Dominicana del dictador Leónidas Trujillo. Pero, lamentablemente, la violencia contra las mujeres no es algo exclusivo de los regímenes totalitarios, sino que también está muy presente en los países democráticos más desarrollados. Es un fenómeno, por tanto, de tipo antropológico y cultural, lo que, no obstante, de ninguna manera permite afrontarlo con resignación contemporizadora. Todo lo contrario.

La igualdad de las mujeres y los hombres es una conquista (incompleta) relativamente reciente de la humanidad, pero las actitudes vejatorias hacia las féminas persisten, muchas veces en el ámbito privado, lo que dificulta combatirlas. Es descorazonador que una de cada tres europeas mayores de 15 años declare haber experimentado alguna vez en su vida violencia sexual, física o ambas, y que la misma proporción haya sufrido abusos psicológicos de su pareja, según datos de la Comisión Europea. Es una patología social grave, que para ser revertida requiere, en primer lugar, una actitud valiente por parte de quienes la sufren directamente. Pero se trata de un paso que no es fácil. El Instituto Aragonés de la Mujer ha hecho públicos estos días los datos sobre el teléfono de ayuda que tiene disponible y el resgistro sobre las cifras del año anterior recoge un incremento del 25% en las llamadas de víctimas de violencia de género buscando ayuda. Sin embargo, hay contradicciones respecto a las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial que detectan una reducción de las mismas. Las víctimas siguen teniendo miedo a denunciar.

La lacra de la violencia contra la mujer debe ser combatida por el conjunto de la sociedad, y nadie puede considerarse no concernido. Los poderes públicos deben encabezar la estrategia aportando los medios legales y materiales precisos, aún insuficientes, para que ninguna víctima deje de denunciar su situación. Pero ningún ciudadano puede abdicar de la obligación de contribuir individual y activamente a superar un mal atávico que no atañe a la relación entre hombres o mujeres sino a la especie humana.