La propuesta del líder del PP, Pablo Casado, de un proyecto de Ley de Apoyo a la Maternidad en la clausura de la Convención de Nacional sobre Familia e Igualdad celebrada en Murcia ha desembocado en una encendida polémica en torno a un supuesto «blindaje» de la situación de las inmigrantes irregulares dispuestas a dar a sus hijos en adopción. En pocos días, la que era solo una de las 225 medidas que incluiría la norma se ha convertido en el centro del debate, con un cruce de acusaciones que ha desbordado el ámbito partidista para llegar a los medios de comunicación. Tras una respuesta airada a las críticas por parte de un reincidente Casado, las omnipresentes fake news han irrumpido en la precampaña como muestra de que la democracia española no tiene nada que envidiar a otras como la estadounidense o la británica.
Con todo, merece la pena profundizar en un caso que ejemplifica un cambio crucial en el proceso de formación de la opinión pública. Tras varias manifestaciones desafortunadas en torno al aborto, la intervención de Casado parecía un intento más o menos serio del PP de plantear un problema real de la sociedad española: la baja natalidad. Según datos del INE, durante el primer semestre de 2018 nacieron en nuestro país 179.794 niños, un 6% menos que en el mismo periodo del año anterior, en la que es la cifra más baja desde que existen registros (1941). Durante el mismo periodo se produjeron 226.384 decesos, lo que supone un 2,1% más que en el primer semestre de 2017 y constituye a su vez otro récord. Una sencilla operación aritmética revela que el crecimiento vegetativo en ese periodo fue de menos 46.590 personas, en la que es la mayor pérdida natural de población de la serie histórica. Y no hace falta ser un experto para inferir la cantidad de problemas que esto supone en materia de pensiones, mercado laboral, etc.
Sin embargo, esta cuestión tangencial sobre las adopciones de inmigrantes ha acabado por sustituir al debate sobre una crisis de natalidad que sitúa a España como el país con la menor tasa de fertilidad de Europa (1,33 hijos por mujer), por detrás de otros países que, como Francia (1,96 hijos por mujer), sí han conseguido superar su declive demográfico gracias a una actuación decidida por parte del Estado. Además, las encuestas apuntan que, salvo para una minoría de la población femenina, no se trata de un ejercicio de libertad: la mayoría de las mujeres de entre 25 y 34 años en España señalan los problemas económicos y de conciliación laboral como el principal impedimento a la hora de tener más hijos. Pero..., ¿para qué hablar de ayudas y permisos, escolarización temprana o políticas fiscales cuando se presenta la posibilidad de librar una ‘guerra cultural’ de alta carga emocional?
Ahora bien, una mala reacción del PP frente a los titulares que pusieron el foco sobre la adopción de las inmigrantes, lejos de centrar el debate, fue la que alimentó la espiral. En respuesta a Newtral, medio especializado en la verificación -como si el periodismo fuera otra cosa-, el partido conservador se remitió a un protocolo vigente en la Comunidad de Madrid desde 2010 por el que se protege la identidad de todas las mujeres que deciden renunciar a sus hijos, independientemente de su estatus legal o procedencia. Atrapado por su propia retórica, el partido siguió hablando de «blindaje» de las donantes, cuando los expertos reconocen que la expulsión de una inmigrante embarazada está restringida por sus limitaciones a la hora de viajar y resulta «muy difícil» después de dar a luz, en tanto que se antepone el bienestar del menor. No en vano, el recién nacido es, por derecho de suelo, un español más.
A efectos prácticos, el dilema planteado en los medios entre adopción y residencia resulta tan falaz como la llamativa promesa del PP. En cambio, la asociación de este debate con episodios sangrantes de nuestra historia como el secuestro de niños durante el Franquismo sigue siendo algo muy real en la mente de muchos electores. No es de extrañar que la batalla dialéctica acabara resumida en la disyuntiva moral expresada por el candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón, cuando calificó la medida como propia de «mala gente». Sin la intervención de boots rusos, el debate político quedaba así reducido a una película de buenos y malos. H *Periodista
