L a ley de contratos hipotecarios, que entró en vigor el pasado junio, da más protección a los propietarios de viviendas aún hipotecadas que sufran un revés económico temporal, al dilatar el inicio de un procedimiento de desahucio.

Hasta ahora, esa salvaguarda solo beneficiaba a las personas que han contratado una hipoteca a partir desde junio. En cambio, otros miles de hogares, que firmaron sus préstamos antes de la reforma hipotecaria y estaban bajo amenaza de desahucio, se veían atrapados en una maraña judicial. Recientemente el Tribunal Supremo ha aclarado su situación al instar a cancelar todos los desahucios por menos de 12 impagos, siguiendo el criterio de la actual ley.

La respuesta ha tardado en llegar, pero dada la complejidad del asunto, no parece una dilación injustificada. El asunto se remonta al 2013, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE) declaró nulas las cláusulas de vencimiento anticipado, que permitían incluso echar a los hipotecados de sus casas con tan solo un mes de impago. Ante el riesgo de que, paradójicamente, la nulidad de los contratos hipotecarios que contuvieran esta cláusula acabara perjudicando a los clientes (el banco podría obligarles a pagarlo todo de golpe), el Supremo envió una consulta al TJUE sobre cómo aplicarlo.

Los desahucios se han convertido en una auténtica tragedia en muchas familias. En 2017, en Aragón, 659 familias fueron obligadas a dejar sus viviendas por no poder hacer frente a las hipotecas, al año siguiente esa cifra se redujo a 436, la más baja en los últimos seis años. El año pasado, en total, en la comunidad se realizaron 1.565 lanzamientos entre los que se incluyen impagos de alquiler

La respuesta no llegó hasta este año, y de ahí se deriva el reciente dictamen del alto tribunal español. Es una decisión favorable al cliente y que a la vez ofrece garantías a la banca al permitirle volver a demandar en los casos sobreseídos.