Hace treinta años se encontró el cuerpo sin vida de Pascual Garrido en Arguis. No llegaba a la treintena cuando fue asesinado de forma brutal con una motosierra que nunca apareció. Esta ausencia del arma del crimen salvó de la condena a ocho sospechosos, presos de la cárcel de Huesca que realizaban labores forestales y, supuestamente, dado que no pudo probarse, aprovechaban estas salidas para traficar con drogas. La investigación de la Guardia Civil apuntaba a que el guarda de Conservación de Naturaleza descubrió el delito y eso le costó la vida.

Este caso de impunidad quizá podría haberse evitado si el agente hubiera ido armado y tuviera capacidad para intimidar, eludir o responder al ataque. Esta es una reclamación casi histórica de los colectivos de forestales, aunque en algunas excepciones y territorios sí se da esta protección. La realidad de un suceso tan insólito y bárbaro podría ser argumento para que los críticos desmonten la supuesta indefensión de aquellos que cuidan de nuestra naturaleza. Revisar otro caso como el doble asesinato en Aspa (Lérida) en 2017 podría definirse como oportunista, aunque las denuncias de los colectivos y asociaciones de estos profesionales por amenazas, enfrentamientos, sabotajes… no son meras esporádicas.

Es injusto decir que la gente del campo no tiene respeto hacia los Agentes de Protección de la Naturaleza. Tan injusto como el trato y las suspicacias que su labor recibe de aquellos que les consideran como un inconveniente para desarrollar esas actividades que «siempre se habían hecho» y ahora son reguladas o, directamente, acciones ilegales que atentan contra el entorno, la flora y la fauna de todos.

Es injusto que un grupo profesional formado por 6.000 personas, unos 300 en Aragón, no esté bajo una regulación elemental del Estado que, sin invadir las competencias autonómicas, garantice la seguridad jurídica de sus actuaciones y armonice aspectos comunes de sus funciones y mejore su organización y eficacia.

La moción de censura a Mariano Rajoy en 2018 suspendió los avanzados trámites de esta Ley Básica de Agentes Forestales y Medioambientales, que, en la presente legislatura se encuentra en fase previa de consultas.

A esta espera casi infinita ellos y ellas seguirán patrullando kilómetros y kilómetros de país ejerciendo un trabajo al que no se llega por casualidad, completamente vocacional, por amor a la naturaleza, a cuidar lo que es de todos, nuestra casa. Sin recibir el homenaje ni los medios que sí tienen otros cuerpos. El que merecen.