Que la realidad supera a la ficción es totalmente cierto, pero no pasa de ser una frase hecha porque, hasta que ocurre lo que parecía pura ficción, ninguno de nosotros cree de verdad que las distopías más aberrantes puedan materializarse.
Pero no me refiero a la pandemia, que también. Me refiero a «los indultos que no estaban encima de la mesa» (Pedro Sánchez dixit), y que ahora son una herramienta imprescindible para la concordia. Me refiero a «un futuro en el que la amnistía y el referéndum de autodeterminación de Cataluña sea algo inevitable» (Pere Aragonès dixit).
Dos Pedros para edificar la nueva etapa de superación del conflicto catalán, asesorados por un Iván, que tiene ante sí la terrible responsabilidad de diseñar una estrategia de comunicación que no convierta en pesadilla el sueño de concordia.
El camino hacia la «normalización» del perdón se adivina largo y difícil. La tarea la inició ya, muy precozmente en diciembre de 2017, el ahora Ministro Iceta. Contra viento y marea, el Gobierno parece decidido a seguir adelante y parece haber calculado y asumido el incalculable coste político de la decisión. El preceptivo informe del Tribunal Supremo es absolutamente demoledor en su postura contraria a la concesión de unos indultos, que además han sido rechazados por los propios interesados: «que se metan el indulto por donde les quepa» (Oriol Junqueras dixit).
Pero a la luz del discurso de toma de posesión del nuevo inquilino de la Generalitat, los indultos solo son el principio de la carrera hacia la autodeterminación, y aquí permítanme que juegue a la política ficción: Si la mayoría parlamentaria que apoya al gobierno ha llegado a la conclusión de que la celebración de un referéndum legal es inevitable y es el camino que debe seguirse, entonces, para ser coherente, el Gobierno de Sánchez debería armarse de buenísimas razones para continuar por ese camino sin que parezca que sólo aspira a perpetuarse en el poder a cualquier precio.
Está claro que en Cataluña hay dos mitades, más o menos igualadas: quienes quieren seguir en España y quienes quieren la independencia. Está claro que los últimos gobiernos autonómicos catalanes han optado por la independencia, llevando su opción hasta el extremo con la declaración unilateral del 27 de octubre de 2017.
Lo que no está tan claro (y debería estarlo) es qué postura respecto de la independencia de Cataluña tiene el Gobierno español actual. Parece evidente que el Gobierno de España no puede sino ser contrario a la independencia de cualquiera de sus territorios, sin embargo, más allá de declaraciones grandilocuentes, se echa en falta una ratificación fáctica de esa postura, al menos de similar contundencia a la que los sucesivos gobiernos catalanes han venido practicando desde hace más de 40 años.
Se dice pronto, pero en la campaña electoral del referéndum de autodeterminación de Cataluña, los independentistas llevan más de 40 años de ventaja a los no independentistas. Durante ese tiempo no han dejado de utilizar las Instituciones y todo tipo de recursos públicos para lograr su objetivo. Mientras tanto, los sucesivos gobiernos españoles han cedido una y otra vez a cambio de apoyos parlamentarios para gobernar. Todos y cada uno de los gobiernos españoles de la democracia han hecho dejación absoluta de la que deberían ser sus evidentes obligaciones: defender activamente la unidad del Estado, proteger a los catalanes no independentistas de una presión insoportable, salvaguardar sus derechos, amparar el uso del castellano como lengua oficial en Cataluña, en pie de igualdad con el catalán, etc.
Si la concordia pasa por conceder los indultos y por abrir el melón del derecho a decidir, entonces Pedro e Iván deberían explicar muy bien a todos los españoles en qué consiste el nuevo escenario y cuáles son sus planes para evitar la secesión. Resultaría inconcebible que el Gobierno de España no tuviera un plan y no estuviera dedicado en cuerpo y alma a hacer campaña por el No y a contrarrestar el efecto de los 40 años de ventaja que nos lleva la campaña por el Sí.
Los votantes de buena fe del PSOE y los barones que tantas veces se han manifestado en contra de la independencia de Cataluña, están obligados a presionar a Sánchez para que apoye con todos los medios que sean precisos a los catalanes no independentistas que llevan más de 40 años abandonados a su suerte en un territorio cada vez más hostil. España no puede permitirse la ficción distópica de ser o parecer un Estado que aboga por su propia fragmentación.
