El lío jurídico persiste y corre el riesgo de ser la verdadera pandemia endémica de este país. En más de 16 meses de incertidumbre normativa aún nadie ha puesto orden al desorden para marcar las pautas jurídicas que deban reglar los altibajos epidemiológicos para frenar al virus. Solo Aragón se atrevió a hacer una ley aragonesa –con riesgo de ser tumbada por inconstitucional– para tener mecanismos ante el desorden jurídico evidente. Y aquí estamos: tras un primer estado de alarma declarado como ilegal que enfrenta a todos por sus consecuencias; un segundo estado de alarma prorrogado seis meses que nadie tiene ya que determinar como ilegal porque nació siendo un atropello constitucional; y un desaguisado legal en cada autonomía para frenar los últimos estragos de las borracheras juveniles. Todo esto sumado al inquietante silencio de un Tribunal Constitucional que, como tantas veces, se pronuncia cuando ya no debe.

En este desastre jurídico las culpas son más que repartidas. Una paradoja de nuestro tiempo donde solo la política nacional ha sido incapaz de arremangarse para salir todos unidos de esta. Nadie duda que el primer responsable por no tener un instrumento jurídico para capear la pandemia es el propio Gobierno al no ser capaz de elegir un instrumento jurídico viable y eficaz teniendo la mayor estructura jurídica para asesorarse. Y que además es quien propone la medida al Congreso cómo hizo. Pero no solo el gobierno de Sánchez. Un parlamento desaforado en populismo se dedicó en lo peor de la pandemia a criticar al Gobierno sin proponer soluciones viables. Solo fueron mensajes vacíos de unos y el pronto negacionismo de otros. El dichoso plan b jurídico de Pablo Casado solo fue una frase hecha porque nunca llegó. Por no decir que la oposición que ahora jalea la sentencia del TC como parte de su argumentario no hubieran sido los mismos que aprobaron la prorroga de la alarma sin reparar en su ilegalidad. O en el acierto de que hubiera sido un estado de excepción. Tanto unos como otros son cómplices del desmadre jurídico que aún vivimos.

Bien es cierto que los efectos de la pandemia han servido de cizaña política. Y de ahí han sacado todo su rédito político. No hay ni una decisión sobre la pandemia o el desmadre jurídico que no haya tenido su eco político por su uso partidista. Lo han hecho tanto Ayuso, Torra, Sánchez o Lambán. Varios ejemplos: la decisión de suprimir el estado de alarma el 9 de mayo no habría sido tal si Ayuso no hubiera convocado elecciones; se intentó tapar en el relato de Moncloa la decisión de los indultos por el fin de las mascarillas; etc.

Seguimos igual. Una crisis gestionada por la imprevisión de unos gobernantes solo dedicados a acomodar la pandemia a sus intereses tácticos. Y de ahí escalar en las encuestas. El caos jurídico les beneficia porque nadie sale exclusivamente perjudicado.