La pandemia ha hecho que durante el año pasado se nos olvidaran algunas efemérides, como por ejemplo el décimo aniversario de la muerte de Tony Judt, el gran historiador británico que, antes de morir, nos dejó Algo va mal, un pequeño ensayo que recomiendo leer o releer, porque su vigencia es hoy mayor que nunca.
Tony Judt, un socialdemócrata convencido que renegaba del ubicuo pensamiento economicista de las últimas cuatro décadas, defendía fervorosamente el legado de los Treinta Gloriosos, el periodo dorado entre el final de la II Guerra Mundial y la crisis del petróleo de 1973, en el que se produjo el mayor crecimiento global de toda la edad contemporánea.
Reparto de la riqueza
Como buen keynesiano, Judt creía en el Estado y en su intervención mediante políticas públicas que aseguren un mejor reparto de la riqueza, e igualmente en una verdadera meritocracia en la que las élites no provengan exclusivamente de la herencia, sino de las capacidades a las que todo individuo puede aspirar gracias a la movilidad de un potente sistema educativo universal.
Es por eso que recelaba de la forma en que se estaba tratando solucionar la crisis de 2008, recortando los servicios públicos y haciendo crecer de manera intolerable la desigualdad, por lo que alertaba del vaciamiento de un Estado incapaz de combatir los abusos de los poderes no democráticos, especialmente aquellos construidos en torno a los flujos financieros no regulados. Si Judt siguiese entre nosotros seguramente mostraría su decepción al comprobar que todos aquellos riesgos de los que nos alertaba se han hecho realidad y que la desigualdad, la pobreza relativa y la precariedad laboral han crecido desmesuradamente, al tiempo que la sociedad se polarizaba y volvían a escena las ideas liberticidas de la ultraderecha y el neofascismo.
Aunque quizás sería algo más optimista con el giro de los acontecimientos del último año, especialmente con la decisión de la mayor parte de los gobiernos occidentales de incidir directamente en las economías de sus países tras la crisis provocada por el covid-19. En España, los erte han permitido (aun con dificultades) sobrellevar las perdidas salariales provocadas por el confinamiento, mientras que el Ingreso Mínimo Vital ha supuesto un pequeño respiro para los sectores de la población más desfavorecidos. Estas medidas han tenido su equivalencia en la Unión Europea y hasta en Estados Unidos, donde el gobierno federal ha impulsado un plan de estímulo económico que creará 19 millones de empleos gracias, sobre todo, a un ambicioso desarrollo de las infraestructuras de todo el país, a modo de un renovado 'New Deal'.
Pareciera como si, de repente, se estuviese desvaneciendo la fantasía ultraliberal de las últimas cuatro décadas que nos decía que el desarrollo y el progreso individual debían estar por encima de cualquier otra consideración porque eran la garantía del bienestar colectivo, y que los gobiernos hubiesen dejado de lado esa ideología según la cual solo están para arreglar problemas, y no para afrontar cambios a largo plazo.
Reacciones catárticas
Estoy seguro de que Judt estaría muy de acuerdo con Mariana Mazzucato, la prestigiosa economista italiana que defiende en su último libro que los estados deben ser los que determinen el rumbo de la economía, convirtiéndose en «inversores de primer recurso y asumir riesgos, […] conformando los mercados para que cumplan un propósito».
Mazzucato defiende gobiernos que provoquen «reacciones catárticas en toda la sociedad», que se conviertan en los principales impulsores de cambios desarrollados mediante la colaboración público-privada. El modelo es el Programa Apolo, el proyecto iniciado por la administración de J. F. Kennedy en los años 60 del siglo pasado, que permitió la llegada del hombre a la Luna, dinamizando la industria estadounidense, y haciendo que todo el país se volcase en torno a un proyecto común.
En los países de la UE ya se ha dado un primer paso para poner en marcha estas nuevas «misiones Apolo» mediante la aprobación de los fondos Next Generation por valor de 750.000 millones de euros, cuya principal finalidad es contrarrestar los efectos de la pandemia en los países miembros, pero que también apostarán por combatir el cambio climático e impulsar la transformación digital, dos de los grandes desafíos de nuestro tiempo.
Este nuevo rumbo hará necesario que los gobiernos construyan alianzas a fin de poner en marcha todos los cambios que implica una transformación de este calibre. Pero, al mismo tiempo, deberán generar confianza entre los ciudadanos, cada vez más alejados de sus dirigentes y de los partidos políticos que los conforman.
Todo ello es incompatible con todo lo que no sea gestionar de manera inteligente y hacer labor pedagógica, pero también implica escuchar, aceptar las críticas y reconocer los errores. Es la única forma en que gobernantes y gobernados vuelvan a estar unidos por una relación de confianza, porque como el propio Judt escribía en 2010, «la falta de confianza es claramente incompatible con el buen funcionamiento de una sociedad».
