Empieza una nueva etapa. Con las pilas cargadas tras el descanso veraniego, con los datos positivos que arroja la pandemia en Aragón y en toda España y con la vista puesta en seguir manteniendo la dirección y el poder, estos primeros días de septiembre se aprecia un giro en las relaciones políticas y económico-sociales. Hay dos hechos muy significativos. A nivel nacional, asistimos al primer desencuentro, en muchos meses, entre el Gobierno y la patronal dentro del diálogo social por el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI). Una crisis que parece un paso previo a una ruptura, cuyas consecuencias finales están por llegar. En Aragón, esta semana hemos visto cómo uno de los partidos que forman el Gobierno cuatripartito, Podemos, rompía una lanza por la desprivatización de la energía en la comunidad y provocaba un desconcierto en el Ejecutivo, presidente incluido. Difícil saber el porqué de estas formas de presentar un proyecto de ley, pero lo que está claro es que el desencuentro es todo un imprevisto en el acuerdo que igual guarda relación con el hecho de estar en el ecuador de la legislatura y que este año es el del posicionamiento claro de los partidos.

Desgraciadamente, habrá que acostumbrarse a partir de ahora a que no haya tantos pactos como ha habido en Madrid entre el Gobierno de Pedro Sánchez, los sindicatos y la CEOE de Antonio Garamendi. El Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos ha sido el que más acuerdos ha firmado dentro del diálogo social. Más aún, España es el país europeo en el que todas las medidas de apoyo a la economía han salido de la concertación del Gobierno con los agentes sociales, algo que no ha ocurrido en ningún otro estado de la UE. Pero desgraciadamente, tparece que los aragoneses vamos a tener que acostumbrarnos también a que nuestra comunidad no sea en los próximos meses el territorio de los pactos increíbles. Hasta ahora, que partidos como PSOE, Podemos, CHA y PAR, incluso con Ciudadanos en muchos asuntos, hayan ido de la mano, ha sido una imagen inédita por la que nadie daba nada a favor en 2019. Pero esa necesidad y esa conveniencia quizá se está rasgando por imperativo electoral.

No parece muy normal que los empresarios de la CEOE rompan el consenso del diálogo social porque se baraje subir el SMI en una horquilla de 12 a 19 euros. Más cuando han aceptado anteriormente subidas mucho mayores, o han sido capaces de dar ejemplo a toda Europa con las leyes del teletrabajo o la que regula a los trabajadores de las plataformas digitales, los riders, normas pioneras en el mundo. El diálogo social ha funcionado porque así, de él, también se han beneficiado los empresarios y en otros países europeos lo miran con estupor y envidia porque en Alemania, paradigma de la negociación colectiva, los acuerdos son sectoriales y en Francia no hay un órgano tripartito como en España. Pero a Garamendi le han dicho ya en demasiadas ocasiones que flirteaba en exceso con los socialistas y dentro de la patronal las voces que claman a favor de aproximarse a la derecha son cada vez mayores. Por eso ahora considera el momento de romper. Además, los futuros debates sobre las pensiones y la reforma laboral son demasiado políticos como para que la CEOE se pueda sumar a la voz del Gobierno y los sindicatos. La lucha política, a dos años vista, también está entre los agentes sociales.

En Aragón, el diálogo social va de maravilla antes de que se acreciente el ambiente preelectoral. El intento de Podemos de imponer una ley de cambio climático sin que la conocieran los socios, ni el presidente Javier Lambán, no augura un final de legislatura tranquilo. Es cierto que la creación de la empresa pública de energía estaba recogida en el pacto, pero las formas cuentan y mucho. Y Podemos debería explicar por qué lo ha hecho así. Es un desencuentro más del departamento que dirige Joaquín Olona. Se ha visto claramente que incorporar a cargos públicos de partidos distintos, por mucho que presuman de ser de izquierda y firmar un acuerdo de gobernanza, trae incomodidades y aspectos negativos. Pero, además, ahora habrá que ver cómo se sitúan los cuatro partidos en el Gobierno. El PAR, con su inminente congreso y la incógnita de si continuará Arturo Aliaga como líder, va a necesitar muchos apoyos y claridad de ideas para poder seguir ahí. CHA también sabe que está tocada y su presencia es materia sensible, y socialistas y podemitas tienen claro que han de aprovecharse de su éxito en los gobiernos central y autonómico, pero marcando diferencias, lo que no puede facilitar muchos acuerdos y menos en materias con discursos tan distintos como el agua o la luz.

De aquí al 2023 (año electoral en España y las autonomías) no vamos a ver tantos pactos ni económicos ni políticos como hemos tenido desde el 2019 hasta ahora. La pandemia y la necesidad de salir del atolladero facilitaron muchos, pero ahora todos van a querer marcar diferencias a pesar de que ni a la ciudadanía ni a muchos de sus votantes les guste esta forma de hacer política solo de cara a la galería.