Un conocido fiscal de Zaragoza se subía por las paredes cada vez que un asunto de claro trasfondo político entraba en la institución. Con la impetuosidad verbal con la que acusaba en el estrado decía en privado que la Justicia no estaba para emitir «certificados de honradez» de nadie, estaba para juzgar. En aquella época este tipo de casos eran casi anecdóticos y acaparaban la atención mediática por lo inusuales. También ejercía un letrado madrileño, al que algunos periodistas de tribunales apodábamos el Constitucional, que antes de que entrara en la sala de vistas ya sabíamos cuál iba a ser la estrategia de defensa de su patrocinado: la vulneración de derechos fundamentales. Varias décadas después, los asuntos políticos, además de los asuntos de políticos, han entrado a tal ritmo en los tribunales penales y contencioso administrativos que casi han ensombrecido los de delitos y recursos ordinarios. Pero es que, además, y por arte de la pandemia, la Justicia se está convirtiendo en garante, según el territorio, de muchas decisiones políticas.
El caos jurídico generado, primero con el estado de alarma y después con el decaimiento del mismo, está provocando tal confusión en los gobiernos autonómicos y en la sociedad en general que el famoso dicho de pleitos tengas y los ganes se ha quedado más que corto. Primero fue con los decretos que imponían los toques de queda, después con los confinamientos perimetrales y ahora con los denominados pasaportes covid que una docena de comunidades autónomas quieren implantar en las actividades de ocio para controlar la nueva ola de contagios.
Ante decretos idénticos o similares, los tribunales territoriales han tomado decisiones contradictorias. Para enredar más la madeja judicial, el Gobierno central decidió implicar a los magistrados del Supremo con una reforma exprés que les obliga a tomar decisiones en tres días. Pero el alto tribunal también ha contribuido a la confusión al tumbar fallos de compañeros de unas comunidades y ratificar los de otras, porque las exigencias de los ejecutivos autonómicos estaban mejor argumentadas.
En un momento en el que la renovación de órganos como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial ha devuelto a la palestra la necesidad de despolitizar la judicatura, hacerla partícipe de estos embrollos me parece una contradicción que se resolvería con una adaptación de la normativa sanitaria vigente a las nuevas circunstancias. Porque la ley es interpretable, desde luego, pero según en qué sentido se haga se levantan tantas suspicacias ideológicas que son vistos como consejeros del poder.
Socialmente no se entiende que haya tantas versiones de lo que parece un mismo problema y mucho menos que las resoluciones definitivas lleguen, casi siempre, tarde. Por eso, hasta que el Constitucional no se pronuncie sobre cuestiones como las trasladadas por los magistrados aragoneses no se conocerá dónde está el hilo del que tirar en este embrollo.
Me gustaría saber qué pensaría ahora aquel fiscal.
