El informe que la Cámara de Cuentas de Aragón ha publicado sobre la situación financiera de Motorland ha pasado relativamente desapercibido en los medios de comunicación aragoneses, a pesar de describir lo que, a mi juicio, es un verdadero despropósito económico y político.
La empresa pública participada en su mayoría por el Gobierno de Aragón, con un pequeño porcentaje para la Diputación Provincial de Teruel y para el Ayuntamiento de Alcañiz, lleva gastados 236 millones de euros en la construcción del circuito, en la financiación de sus actividades y en varias ampliaciones de capital que han salido de los bolsillos de la ciudadanía.
Resulta especialmente sonrojante que el FITE (Fondo de Inversiones de Teruel) haya aportado 155 millones de euros porque, según la información institucional, sus objetivos son «superar desequilibrios estructurales de Teruel» o «financiar proyectos de inversión que promuevan renta y riqueza». Los auditores, lógicamente, no cuestionan su viabilidad económica mientras siga recibiendo dinero público, aunque no encuentran un impacto significativo sobre el empleo. En todo caso, sí parece existir un aumento de la actividad hotelera a finales del verano…
Cuando se construyó nos enseñaron la 'Tortuga' de Norman Foster y nos aseguraron, como siempre que se pretende hacer una gran obra, que el circuito pondría a Aragón (y a Teruel) en el mapa.
Silicon Valley ibérico
Además, como las actividades económicas que iban a surgir en su entorno (algunas de las cuales fueron incluso un timo) lo convertirían en una especie de Silicon Valley ibérico, plantear dudas razonables al respecto, como los artículos de Trasobares en este medio, era un acto de insolidaridad hacia un territorio tradicionalmente abandonado por las instituciones.
Actualmente el gobierno sigue defendiendo el circuito y piensa mantenerlo. Reconoce que hay que buscar nueva financiación, aunque no se sepa muy bien de dónde, y vuelve a insistir en una especie de parque tecnológico donde habrá mucha Investigación y Desarrollo, mucha 5G y mucho coche eléctrico. Es curioso que cuando se trata de construir un equipamiento público sanitario o educativo, casi siempre cuesta concretar el proyecto porque los números son los números. Pero en este caso (o en el de Aramón, por ejemplo) se nos pide que situemos nuestra fe por encima de las cifras y de la realidad.
En un contexto económico y social como el que estamos viviendo, el enorme gasto público que ha generado el circuito lo situaría más cerca de un chiringuito populista y clientelar (que ha podido beneficiar a empresarios afines y ofrece a los políticos cierta notoriedad mediática un par de veces al año) que de una infraestructura que haya contribuido a vertebrar el territorio o a frenar la despoblación. Sería muy interesante que las fuerzas políticas aragonesas, que deberán entenderse para gobernar tras las próximas elecciones, incluyeran en sus programas cómo quieren abordar este problema, es decir, si quieren seguir gastando dinero público en un espacio que no dinamiza el entorno, o prefieren gestionarlo de otra forma.
Parece imposible «recuperar» la fortuna que costó, pero quizás sea posible conseguir que nos cueste cada vez menos.
