El independentismo organizó una campaña propagandística para denunciar un supuesto espionaje aprovechando la publicación de un informe que incumplía estándares académicos y difundía un artículo que no superaba mínimos criterios de profesionalidad periodística. El gobierno se mostró comprensivo, deferente, con los secesionistas. Según fuentes del CNI, el espionaje se hacía con autorización judicial. El gobierno no ha dado explicaciones verosímiles a los ciudadanos, pero ha tratado de aplacar a los independentistas, que han mostrado su hipocresía habitual: violaron los derechos de los ciudadanos que no pensaban como ellos en 2017, han intentado crear estructuras de inteligencia paraestatales, han bloqueado comisiones de investigación sobre espionaje a periodistas y políticos realizado por los Mossos, y manifiestan una concepción iliberal de la democracia que solo podemos olvidar si decidimos mirar hacia otro lado. Ya hay camisetas del catalangate a la venta.
Para apaciguar la impostada indignación de los indepes que sustentan al gobierno, la presidenta del Congreso degradó un poco más el Parlamento, y desautorizó un puesto institucional que ha transformado en correa de transmisión del ejecutivo.
La ministra de Defensa dijo cosas sensatas: se preguntó cómo debe responder un Estado ante una declaración de independencia de un territorio, o frente a activistas que establecen contactos con países extranjeros con interés en desestabilizarlo. Eso al parecer generaba malestar en el PSOE.
Era todo una pantomima: Esquerra votó no a la convalidación del decreto de medidas por la crisis económica de la guerra de Ucrania, pactando con Bildu para que lo apoyara y saliera adelante. Bildu dijo que votaría sí mientras no se aceptara ninguna propuesta del PP. Naturalmente, algunos criticaron que la derecha votase no y elogiaron el sentido de Estado de los cheerleaders de los asesinos, que salvaban al gobierno en el último segundo. Al día siguiente de la aprobación, el dato adelantado del INE señalaba que el PIB solo ha crecido un 0,3% en el primer trimestre: la pérdida de poder adquisitivo por la inflación hace que caiga el consumo en los hogares. La inflación está en el 8,4%. A comienzos de la semana, Argelia había amenazado con romper el contrato del gas con España si parte de lo que envía se deriva a Marruecos. El Gobierno, cuenta Javier Jorrin, ha mandado a Europa un Programa de Estabilidad donde dice que el gasto en pensiones está controlado. Para que las cosas cuadren, ha enviado las proyecciones sin incorporar la reforma de pensiones que ha aprobado recientemente.
