El objetivo del gobierno de Sánchez es evidente: restar capacidad fiscal a las autonomías para impedir que la competencia entre ellas haga que la economía se estimule. Es la razón básica de cualquier pensamiento derrotista. Lo mejor, siempre, es igualar en la mediocridad a todos para que nadie esté por encima de otro. Un razonamiento que, a su vez, está basado en el principio de la socialdemocracia mal entendida, donde la competencia nunca es sana. Un pensamiento que el ministro Escrivá desarrolló en el día que Andalucía anunciaba un plan de incentivos fiscales, y donde la colocaba por detrás de Madrid en competitividad y atracción económica.
La idea soslayada por el ministro no sólo es errónea sino que lanza un mensaje peligroso, el cual atenta contra la autonomía de cada región y contra la idea federal que su partido arropa. Porque la competencia no ahoga sino que libera. Es el fin que posibilita el progreso. La simple idea de coartar la competencia impositiva entre comunidades, por un intento de centralización, es una senda que ningún país de nuestro entorno pregona. Lo suyo es iniciar medidas fiscales que ayuden a reactivar la economía y no en mensajes confusos.
Por ello, la persecución del gobierno a toda aquella comunidad que, dentro de su libertad fiscal, decida apostar por políticas liberales es incomprensible. Lejos de que exista un dumping fiscal en España entre autonomías, lo razonable es el estimulo fiscal con bajadas impositivas para aliviar la crisis económica que sufrimos. No en vano, aluden a que esta rebaja impositiva provocará recortes y tempestades en los servicios públicos. No cómo en Aragón, que siendo una de las autonomías que más gravan en impuestos (como en renta a clases medias, patrimonio o sucesiones), somos líderes en listas de espera sanitaria.
