El pacto de Estado contra la violencia machista cumplió ayer un año desde su aprobación en el Congreso, en el peor escenario posible. Este mes han sido asesinadas nueve mujeres y dos niñas, cinco de ellas esta misma semana, lo que constata que por mucho que los partidos se esfuercen en alumbrar recomendaciones, 214 se incluyen en el acuerdo, el sistema falla y las mujeres siguen falleciendo.
La medida 187 del mismo instaba precisamente al Gobierno a realizar estudios sobre el «efecto acumulación» de crímenes machistas en un periodo corto de tiempo, de dos a cuatro días consecutivos. Es lo que ha ocurrido esta semana y sucede ocasionalmente, especialmente en épocas vacacionales, donde las parejas suelen convivir más horas y pueden surgir conflictos por el cuidado de los hijos y otros problemas familiares. Pero, más allá de este motivo, ¿existe un ‘efecto contagio’ entre unos asesinatos y otros que explique la concatenación de sucesos cruentos? ¿La retrasmisión de las muertes motiva a otros maltratadores? Es lo que se trata de averiguar con el estudio, que el Gobierno ha encargado a la Universidad madrileña Carlos III, según expone la delegada del Gobierno, Pilar Llop,
Apenas hay estudios sobre la materia, pero el delegado contra la violencia machista en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Lorente, uno de los grandes conocedores de esta lacra, sí que ha observado que existe lo que él denomina un «efecto paso a la acción», que implica que la radiación de asesinatos «influye» en aquel maltratador que ya tenía planeado su acción y que encuentra que casos recientes «le sirven como refuerzo» para acelerar su plan criminal.
A la espera de que lleguen las conclusiones, Llop señala que están trabajando «intensamente» en el resto de medidas incluidas en el pacto, que ha llegado al primer aniversario a medio gas, lastrado por el cambio de Gobierno y las disputas políticas, pese a que precisamente las desavenencias partidistas debían quedar de lado.
Es difícil contabilizar cuántas de las 214 medidas se han puesto ya en marcha, puesto que no hay un documento público donde se recojan, pero según los cálculos de EL PERIÓDICO están en tramitación o aprobadas tan solo una docena de propuestas. Llop señala que son más, y que informará de ello en el Congreso. No obstante, en la etapa del PP, la ministra Dolors Monserrat también insistía en que el 75% de las recomendaciones estaban «en proceso». Si bien, la reforma de la ley integral contra la violencia machista, que contenía el grueso de los cambios, no llegó al Consejo de Ministros. El PP la registró el pasado junio, cuando ya estaba en la oposición. En este contexto, la medida más importante de la etapa Rajoy fue la publicación de una encuesta sobre la percepción social hacia las violaciones, ya que una de las novedades del pacto es luchar contra todo tipo de agresiones hacia las mujeres.
El PP racaneó además con los presupuestos y hasta que el PSOE no buscó los apoyos precisos no se consignaron los 200 millones de inversión previstos para 2018. Con estos mimbres, los socialistas, al llegar al poder, aseguraron que el pacto estaba en «pañales» y se pusieron manos a la obra para intentar insuflarle vida. «Perdimos los seis primeros meses», concluye la portavoz de Igualdad, Ángeles Álvarez.
La primera medida que impulsaron fue la reforma para mejorar la formación de los jueces, tras el malestar que despertó el fallo de La manada. Si bien, el Gobierno usó el proyecto legal, aún en trámite, para colar la polémica enmienda destinada a aprobar los presupuestos, lo que indignó a la oposición.
EL REAL DECRETO
Además, el Gobierno aprobó un real decreto con las medidas que estima más «urgentes»: devolver a los ayuntamientos las competencias, que no sea preciso denunciar para que las víctimas accedan a las ayudas y que los menores puedan recibir asistencia psicológica sin el permiso del padre. Las tres están en el pacto y el PP incluso afirma que fueron copiadas por el Ejecutivo de su borrador de reforma de la ley integral. Si bien, al Gobierno le llovieron las críticas por elegir un decreto para darles vida. Para acallar el malestar, Carmen Calvo aceptó su tramitación en el Congreso como en proyecto legal, lo que puede provocar cambios.
En este contexto, mientras el PP considera que en el primer año «se han puesto las bases legislativas» del acuerdo, Cs considera que el pacto ni siquiera ha arrancado. «El PP no hizo demasiado y el PSOE hace propaganda con un decreto en el que podían haber metido más cosas», concluye Patricia Reyes.
