Tres gestores exresponsables de los centros deportivos municipales Siglo XXI y José Garcés (Homsa Sport SL) comparecieron ayer en la Audiencia de Zaragoza acusados de estafar en la venta de sus participaciones sociales a la entidad Forus Deporte y Ocio SL. Sin embargo, la presentación de un nuevo informe contable por el abogado defensor obligó a la suspensión temporal del juicio a petición de las acusaciones, que pidieron tiempo para estudiar la documentación. El juicio no se celebrará hasta el mes de junio próximo.
La fiscala y la acusación particular sostienen que los acusados, J. H. A., G. S. N. y D. S. N., realizaron la venta de sus participaciones en 2017 "en base a una contabilidad deliberadamente alterada" por ellos mismos para incrementar ficticiamente el patrimonio de la sociedad.
Según la fiscala, que no acusa al último de ellos, los imputados no reflejaron su real situación económica y contable al modificar, supuestamente, la información sobre el balance de su sociedad. Ello ocasionó, según la acusadora, que la adquirente tuvieran que adaptarse a la normativa administrativa inaplicada reduciendo el patrimonio neto de la entidad en más de 500.000 euros, lo que la colocaba «al borde de la disolución».
"Enriquecimiento ilícito"
Asimismo, la acusación considera que los acusados se enriquecieron "de forma ilícita" y "no justificada" cuando retiraron por caja, en efectivo, sin registro ni contabilización, cantidades de dinero procedentes de aportaciones dinerarias de los socios. Esa suma, fruto del aumento del capital social, ascendía a 210.000 euros.
El abogado defensor, Alfonso Bayo, que pide la absolución de los acusados, señaló ayer que el caso «ha llegado a juicio inexplicablemente, pues la Fiscalía ha pedido cuatro veces el sobreseimiento de la causa».
El letrado hizo hincapié en que la querella interpuesta a sus clientes es una "argucia legal para evitar que prospere la demanda civil que estos interpusieron cuando la nueva propietaria, tras comprar el contrato administrativo, dejo de pagar las sumas acordadas". "Se trató de la compra de un contrato administrativo, no de una concesión", insistió el abogado.
