Las diferencias entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón podrían retrasar, todavía más, el pago de las ayudas a la hostelería. El consistorio incluyó dos cláusulas en el convenio que pretende firmar con el Ejecutivo autonómico que alteran la orden que en su día emitió la DGA y en la que se detallaban los requisitos para adherirse al plan de rescate. Unas condiciones que sí han aceptado el resto de municipios.
Entre las dos condiciones de Jorge Azcón destaca la exigencia de que la cuantía que aporta la capital, 3,4 millones, se destine a establecimientos que tienen su actividad principal en la ciudad, no en otro municipios. Un detalle con el que quieren evitar subvencionar a establecimientos que tengan su domicilio fiscal en Zaragoza pero desarrollen su actividad en otro municipio.
Desde el área de Economía e Innovación del ayuntamiento explican que existe un informe de Intervención que concluye que, de suceder, se estaría actuando en contra de la ley, por lo que PP-Cs decidieron añadir esta «salvedad», además del abono de un posible remanente en un plazo máximo de 90 días.
Desde la consejería de Industria aseguran esta situación se produce casi tantas veces como a la inversa y admiten que las constantes diferencias entre ambas instituciones está ralentizando la orden de abono de las ayudas, que se pagarán todas a la vez, como se acordó con los hosteleros.
Sin excepciones
La capital aragonesa es la única que ha puesto condiciones sobre la mesa y, junto a Teruel, la que no va a alcanzar la cuantía que, según la DGA, debería aportar. El ayuntamiento destinará 3,4 millones al rescate de la hostelería, como se pactó en su día con la consejería de Hacienda, mientras que la que dirige Arturo Aliaga calcula que serían necesarios 800.000 euros más para atender todas las peticiones recibidas.
Recuerdan, además, que la orden del plan de rescate se publicó mucho antes de que Zaragoza aprobase adherirse al proyecto, en julio, cuando se entiende que se aceptaron los requisitos que exigía la DGA.
Desde Industria aseguran que legalmente no pueden aceptar las exigencias del alcalde porque alteraría el plan de rescate diseñado y acordado con los hosteleros y la federación de municipios. Esta situación ha provocado que a día de hoy no haya fecha para sellar el acuerdo entre ambas instituciones y, así, dar la orden de pago. Desde el Gobierno de Aragón querían hacerlo cuanto antes, si es este año mucho mejor, aunque admitieron que todavía no hay nada claro.
