Tras la segunda llamada al orden del Ayuntamiento de Zaragoza a la empresa del autobús, Avanza, y al comité, ambos se han visto obligados este lunes a sentarse de nuevo en la mesa de negociación en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA). Esta vez no lo han hecho a iniciativa propia, sino porque la concejala de Movilidad, Natalia Chueca, les ha instado, prácticamente exigido, a retomar las conversaciones sobre el convenio colectivo para acabar con la huelga.
Deben hacerlo por «responsabilidad» y porque, como servicio público, tienen la obligación de sellar un acuerdo después de 17 meses encadenando jornadas de paros que han alterado las rutinas de muchos usuarios de autobús y afectado al servicio. Ese fue el mensaje de Chueca en la reunión del viernes,
Por ahora, ni la dirección de Avanza ni los representantes sindicales están dispuestos a dar el paso de convocar a la otra parte. «Si nos llaman iremos», afirmaban unos y otros en un clima más áspero de lo que acostumbran.
La concejala convocó el pasado viernes a la empresa y el comité para exigirles que retomen las negociaciones, como ya hizo la semana pasada. Esta vez fue un día después de que Avanza lanzara un ultimátum al comité y avisara de que si antes del 31 de julio no aceptan su última oferta la retirarán y los trabajadores se quedarán con las condiciones actuales. Un mensaje que comunicó el gerente de la compañía, Guillermo Ríos, en una comparecencia pública, un formato nada habitual para la empresa.
Ríos ha reiterado que no van a modificar su propuesta, que incluye una subida salarial media del 11,25%, a la que habría que sumar la antigüedad y determinados pluses que ha exigido la representación sindical durante la negociación y ha sido aprobada.
«Hemos ido más allá de lo razonable para poder alcanzar un acuerdo. No podemos mejorar la oferta porque se pondría en riesgo la viabilidad del servicio», insiste.
Pero el comité no piensa igual y su presidente, José Manuel Montañés, asegura que no van a aceptar la propuesta de Avanza. «Si nos llaman para volver a decirnos lo mismo van a perder el tiempo», dice el sindicalista, que precisa que la oferta del comité sí que es negociable. «Estamos dispuestos a hablar, pero que la empresa no se crea que vamos a aceptar lo que pretenden», reitera.
Los trabajadores quieren que la cláusula de la revisión salarial sea flexible, no una cantidad fija, como propone Avanza. «Pedimos que nos garanticen el 95% de los IPC de 2020, 2021, 2022 y 2023», explica, una exigencia que la empresa dice que es totalmente inviable.
Nueva ruptura
En resumen, las posturas siguen siendo las mismas que en la madrugada del jueves, cuando a las 2 de la mañana se rompieron las negociaciones en el SAMA. «Fue la empresa la que se levantó, si quieren que nos volvamos a sentar en la mesa, que sea la que mueva ficha», ha aseverado Montañés.
La concejala de Movilidad ha exigido al comité un doble acto de responsabilidad. Por un lado, les instó a suspender los paros previstos para la semana que viene, el martes, miércoles y jueves. Y, por el otro, que valore la última oferta de Avanza.
«La propuesta de la empresa es muy razonable y creo que hay que pensar que es un dinero que pagamos todos los zaragozanos y, por tanto, hay que llamar a la responsabilidad a las partes», ha declarado esta mañana, antes de encontrarse en la casa consistorial con los responsables de la negociación y tras criticar que se utilice como «rehenes» a los zaragozanos, que llevan desde febrero de 2021 sufriendo las consecuencias de un conflicto interno.
Está por ver qué papel adoptará el alcalde, Jorge Azcón, si la empresa y el comité no atienden a la petición de la concejala y no retoma la negociación.
La opción de contratar a un mediador, como se hizo en la huelga de 2016, no entra en sus planes y la empresa tampoco cree que sea una buena alternativa. «El SAMA es el mejor lugar porque conocen el conflicto y todo el proceso», ha asegurado Ríos.
